Ha pasado un año desde que la política fue capaz -en su mayoría- de sobreponerse a las válidas diferencias en pos de construir un compromiso, abrir el diálogo y así buscar soluciones para el país. Fue aquel 15 de noviembre del 2019, luego de que el Presidente llamara a las fuerzas políticas y sociales a la unión, y tras la firma del “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, que inició el cambio institucional que estamos viviendo en carne y hueso. Sin la cooperación de todos los poderes del Estado, esto no ha ocurrido.
Ese día celebrábamos que un segmento de nuestros representantes lograron encauzar democráticamente el malestar de gran parte de la ciudadanía, y apaciguar la violencia terrorista que opacó en más de una ocasión la voz de quienes manifestaron legítimamente sus demandas. A diferencia de lo que algunos creen, no fueron los actos de vandalismos los que fertilizaron el suelo para sembrar el anhelo que tenían las personas de cambiar la constitución -evidenciado en la victoria del 80% obtenida por el “apruebo” -; sí lo hicieron las expresiones pacíficas, el diálogo y la buena política.
El proceso que vivimos requiere que esa actitud conciliadora predomina ante la disputa vacía y mezquina, y la tentación populista que se ha vuelto una ideología cada vez más usada por algunos políticos, quienes parecen haber sumergido sus principios en ella -cuestión evidenciada en la última votación del segundo retiro de las pensiones-. El Parlamento debe entender que, si sigue con esa constante de arrinconar al Ejecutivo, la inestabilidad y mala calidad de las políticas perdurará. Esto deben comprenderlo, especialmente, los legisladores oficiales dispuestos a denostar a miembros de su coalición para justificar sus irresponsabilidades.
La convención no resolverá todos los problemas que aquejan a las personas. Es por esto que urge que el Congreso se concentre en legislar sobre aquellas materias prioritarias para la ciudadanía y que no pueden esperar dos años para ser atendidas. Esta falta de atención en abordar los desafíos que siguen en la agenda explicaría, en parte, la desconfianza que hay respecto a la política. Es curioso, además, que a pesar de que ganó la opción constituyente, el Poder Legislativo insista en establecer un parlamentarismo de facto por medio de artilugios, sin mayor horizonte que la aprobación en el corto plazo.
Cuidemos que la violencia y la mala política no se vuelvan un elemento más del paisaje de posibilidades que se abrió aquel día. Esto perjudicaría la democracia y los resultados que se pueden dar con la convención no solo en términos de calidad, sino también de legitimidad. Protejamos el valor y la esencia de los acuerdos, pues la evidencia nos ha dejado claro que únicamente así podremos producir cambios en la posición de mejorar las condiciones y oportunidades que hay en Chile. Cegarnos por ideologías o políticas partidistas nos podría llevar a cabo precisamente a resultados contrarios, conduciéndonos a que el interés propio prevalezca por sobre la tan deseada justicia y el Bien Común.
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