El letrado mayor firma el segundo informe y alimenta la tesis de que hubo orden política sobre Alberto Rodríguez

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Ana I. SánchezAna I. Sánchez

Madrid

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El secretario general y letrado mayor del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén, remitió ayer a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, un informe avalando la inhabilitación del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. Este dictamen, de sentido contrario al que defendió el pasado martes en la Mesa del Congreso, incorpora reveladoras diferencias frente al primero que van más allá del contenido.

La primera página de este último informe lleva tanto el sello de salida de la secretaría general del Congreso con fecha, ayer, y número de documento (348), como el sello de entrada en la secretaría de la Presidencia también con fecha de ayer y número de documento (00167/2021), además de que todos los folios llevan el membrete del secretario general del Congreso y el último lleva su firma manuscrita.

Segundo informe con sello y firma fechado el 25 de octubre
Segundo informe con sello y firma fechado el 25 de octubre – A B C

El dictamen previo, sobre el mantenimiento de Rodríguez en su escaño, no llevaba sello alguno de salida y entrada, ni membrete del servicio que lo emite, ni firma de su autor. Todo ello llevó a Vox, PP y Ciudadanos de denominarlo «informe fantasma» porque además de su falta de autoría, la Mesa del Congreso no lo solicitó y cuando la portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, ​​pidió en la Junta de Portavoces a Batet que explicara quién había pedido ese informe, la presidenta de la Cámara no lo quiso revelar. La autoría pertenecía a Gutiérrez Vicén y su equipo.

Primer informe sin sello y sin firma, fechado el 18 de octubre
Primer informe sin sello y sin firma, fechado el 18 de octubre – A B C

Estas diferencias de procedimiento entre uno y otro, habiendo sido solicitados ambos por la presidenta y no por la Mesa, alimentan la tesis defendida por la oposición conservadora desde el principio respecto a un uso partidista de los servicios jurídicos de la Cámara ya que existió una orden política para que no se le retirara el escaño a Rodríguez, con el objetivo de evitar más tensiones entre el PSOE y Unidas Podemos.

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