
Nunca ha sido el nuestro un país muy dado al debate, entendido este como el intercambio organizado de ideas y puntos de vista discordantes en el que, lejos de la imposición de las opiniones propias por medio de la violencia, los participantes tratan de persuadir a los demás de la robustez de sus posturas a través de la consistencia lógica de sus razonamientos y la precisión de sus datos.
Sin dejar de lado que en la mayor parte de nuestra vida independiente, las clases dominantes, lejos de favorecer la pluralidad de pensamiento, la reprimieron, volviendo así virtualmente imposible cualquier debate real, es menester apuntar que el advenimiento de la democracia no redundó tampoco en una potenciación de esos procesos. En las lides políticas de los últimos 30 años, lo que predominó más bien fue el atrincheramiento ideológico, desde donde resultó cómodo corear consignas y lanzar etiquetas contra los contendientes quienes, parapetados a su vez en sus propias posiciones, repitieron desde sus respectivas orillas el patrón con esmero notable.
Sin embargo, con la llegada de este gobierno que paradójicamente anunciaba el final de las ideologías lo que sobrevino en realidad fue un nuevo retroceso que deterioró ese ya precario diálogo nacional.
En estos más de dos años, lo que hemos visto, favorecida por la actitud de las más altas autoridades del país, ha sido la legitimación del insulto abierto contra todo aquel que se atreva a mostrar su desacuerdo con el oficialismo. Un comportamiento que ha permeado a todos los estamentos y sectores del país y que ha desembocado en una violencia verbal que, en la escena política local, no se veía desde al menos el final de la guerra civil.
No hablamos ni siquiera del insulto sofisticado e ingenioso que recurre a la ironía fina para descolocar al oponente, de esos que ocuparan Shakespeare, Cervantes o De Rostand en sus obras, y que entre tanta bajeza proferida estos días, ya se agradecería. Lo que se ha instalado en el ambiente ha sido la grosería fácil, la invectiva ramplona, el improperio más rudimentario y pedestre que se complace en agraviar y zaherir y que, integrados a veces al alarido más extenso de la horda, procuran amedrentar y acallar todo tipo de disidencia.
Basta darse una vuelta por los comentarios de cualquier red social para comprobar lo anterior. El lamentable espectáculo que se despliega de inmediato, agravado a menudo por la provocación directa de los gobernantes, es el de una miríada de usuarios, amparados muchos de ellos en el anonimato, que ponen de manifiesto en el galimatías de sus improperios su incapacidad de autocontrol y su carencia de argumentos para desmontar el discurso de los interlocutores.
El resultado a la larga ha sido un deterioro de nuestras ya poco ejercitadas capacidades de diálogo, elemento clave en cualquier democracia, en favor de una dinámica virulenta donde se ha dado por sentado que quien más grita es quien tiene la razón.
Esa degradación de la discusión política, reducida a la propagación de insultos, nos pone en riesgo permanente de trasladar esa violencia verbal al plano físico, como de hecho ya quedó demostrado con el asesinato de los simpatizantes del FMLN a manos de agentes del Estado, en febrero pasado. Ese mismo tipo de violencia que este país ya ha conocido demasiado a lo largo de su historia y que, en 1992, en el que acaso fuera nuestro evento político más trascendental del siglo XX, acordamos desterrar para favorecer la búsqueda de consensos basados en el libre intercambio de ideas. Propiciar el camino contrario solo puede ser una muestra de insensatez que nos devolverá a un pasado doloroso.
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