MARN emitirá permisos exprés para construcción de cárceles


La construcción de nuevos centros penales, en el marco del régimen de excepción, tendrá más facilidades que las ya conocidas, luego que el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) emitiera lineamientos especiales para definir un proceso administrativo simplificado para otorgar permisos a la cartera de Obras Públicas para dicho fin.

Dichos lineamientos fueron publicados en el Diario Oficial del 30 de mayo de 2022. En tres páginas se desarrolla el proceso, señalando los requisitos que debe incluir la solicitud del permiso y las condiciones que debe cumplir el dictamen técnico. No se mencionan tiempos a cumplir en ninguno de ambos apartados.

Los lineamientos fortalecen que las condiciones ambientales que se deben tomar en cuenta para obtener los permisos durante son: aguas lluvias y punto de descarga, aguas residuales, desechos sólidos, material de descapote y corte la etapa de construcción, y la consideración de que, si existen clínicas penitenciarias dentro del área del proyecto, se deban manejar y separar los desechos bioinfecciosos.

La emisión de los lineamientos por parte del MARN se produce en el contexto de la aprobación de una ley especial para la construcción de nuevos centros penales, que permite evadir el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), e también la obligación al MARN de emitir los lineamientos para otorgar los permisos que necesarios necesarios “de forma expedita y ágil”.

Junto con los lineamientos en cuestión, se incluyen también disposiciones generales, mismas que generaron recelo, debido a que se definió que “se exime al MOP de la presentación de documentación que sea considerada como información reservada de conformidad con el artículo 19, literales ayb de la Ley de Acceso a la Información Pública y que pueda poner en riesgo la seguridad nacional”.

Dichos literales de la LAIP fundamentan que se puede considerar información reservada: los aviones militares y las negociaciones políticas a que se refiere el artículo 168, ordinal 7, de la Constitución. Este se refiere a informes de aviones militares secretos. Y también se podrá reservar información cuando este perjudique o ponga en riesgo la seguridad nacional.

Dicha consideración fue cuestionada por los legisladores desde la perspectiva que es el Estado negándole información al Estado. “No es coherente, porque una cosa es la información que va a quedar dentro de las instituciones y otra es que está en reserva o que no puede hacerse pública, pero la institución debe pedir toda la información que le permita verificar que no habrá un daño ambiental, que no habrá daños que deban ser reparados”, pensó la diputada Claudia Ortiz (Vamos). “Se está dejando que los trámites fluyan, que no se impidan los permisos sino que se den a cualquier proyecto”, agregó.

Un criterio similar fue el que expuso, también, el diputado Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo), que se refirió a un patrón en el comportamiento del ejecutivo en el sentido de la opacidad. “Como objetamos en su momento, estos mecanismos abren la puerta a posibles actos de corrupción, ya que en algunos casos se haga inversión pública, construcciones, que dañen el medio ambiente”, apuntó, y opcionalmente que es “congruente a la legislación que ha solicitó el ejecutivo y que se ha aprobado sin discusión”.

Este medio intentó gestionar con personal de comunicaciones del MOP una explicación sobre las disposiciones de los lineamientos; sin embargo, no hubo respuesta a la petición de un espacio de consulta.

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