La Sala de lo Constitucional resolvió la controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo por el Decreto Legislativo 564, el cual contiene reformas a la Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior y se constituyeron tres de los cuatro puntos argumentados por el presidente de la república , Nayib Bukele, vetó dicho decreto por declararlo inconstitucional y además fijo para los comicios legislativos y municipales de 2024 las postulaciones para alcaldes y diputados de salvadoreños residentes en el exterior.
Con esto, los salvadoreños en el exterior podrán participar de forma activa en los comicios del próximo 28 de febrero como ya lo hicieron en las pasadas elecciones presidenciales de 2019.
Según Bukele, el decreto vulneraba los artículos 3 y 72 ordinales 1 ° y 3 ° de la Constitución, debido a que no regulaba el sufragio pasivo de los salvadoreños residentes en el extranjero para participar en las elecciones municipales, ni establecía las condiciones en las que podrán ejercer el sufragio activo en los comicios legislativos y municipales, ya que no tienen cómo operar la circunscripción electoral departamental cuando esos no han nacido en el país, y además contemplar como la modalidad para el ejercicio de este derecho político el voto postal.
Empero, la Sala declaró constitucional las condiciones impuestas en el decreto para que los salvadoreños demostraran arraigo en el municipio en el cual solicitan votar en las elecciones dado que eso constituye un medio para demostrar la vinculación del voto con la ubicación y es una regulación para el ejercicio del derecho y no una limitación.
La Sala, además, declaró constitucional el voto postal o la entrega personal de la papeleta de votación para que los salvadoreños en el exterior puedan votar en las elecciones municipales y legislativas.
Los magistrados también declararon constitucional que la circunscripción departamental de los ciudadanos salvadoreños con domicilio en el exterior que han nacido fuera del territorio de la República se asignó a la circunscripción electoral de San Salvador, pues sus nacimientos se inscriben en el registro del estado familiar de ese departamento.
Lo que sí consideró inconstitucional la Sala fue parte relativa a que en el decreto se omitió de manera total la regulación del sufragio pasivo para los ciudadanos salvadoreños domiciliados en el exterior en elecciones legislativas y municipales.
Por otra parte, la resolución al expediente I-156-2012, dada a conocer también por la Sala ordénó a la Asamblea Legislativa, a más tardar el 20 de diciembre de 2020, una vez entre en vigencia el DL 564, “realizar las adecuaciones normativas pertinentes para posibilitar el ejercicio del derecho al sufragio pasivo de los salvadoreños domiciliados en el exterior en los comicios del año 2024 “, lo que significa que debe crearse la legislación para permitir una candidatura para concejo municipal o diputado de los residentes en el exterior
“Asimismo, las instituciones implicadas en las elecciones requeridas realizan los ajustes pertinentes para el ejercicio del derecho aludido –en su vertiente activa y pasiva– para el evento electoral del año 2024”, agrega la resolución.
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