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“A lo loco” envían reos peligrosos a centros psiquiátricos

 

La evasión de la justicia o el pánico a estar tras las rejas, en cárceles comunes o de máxima seguridad, motiva a peligrosos criminales a fingir que están locos y, con ayuda de sus abogados, han logrado que un juez les “diagnostique” algún trastorno o patología relacionada a una enfermedad mental, para cumplir su pena en un hospital psiquiátrico.

 

Esta “remisión” judicial hace que los “pacientes” requieran constante asistencia médica afuera de los recintos penitenciarios e incluso su internamiento en hospitales psiquiátricos por largos períodos y de manera indefinida.

 

Los reos o personas que aún están en procesos penales, sin sentencias definitivas, llegan a los hospitales psiquiátricos sin diagnóstico médico, apenas con una orden judicial, y por ello los directores de estos centros se ven forzados a recibirlos.

 

Muchos de los supuestos pacientes no padecen problemas graves de salud, es decir, que con tratamiento ambulatorio serían fácilmente controlados en las mismas cárceles, y en otros casos, ni siquiera necesitan ser tratados en hospitales para la salud mental.

 

Esta situación, en los últimos años, ha ocasionado la sobrecarga de los hospitales psiquiátricos, en donde ya de por sí operan con algunas carencias financieras. Sumado a eso, los presidiarios han generado temor entre los pacientes con trastornos mentales crónicos.

 

Las constantes remisiones de reclusos también han producido hacinamiento y hasta más gasto innecesario en el presupuesto hospitalario, puesto que la inversión mínima diaria para la atención de un paciente psiquiátrico es superior a los 3,000 lempiras en fármacos, alimentación y asistencia médica.

 

Según los registros médicos,son más de 60 privados de libertad los que han sido remitidos a los hospitales psiquiátricos capitalinos, solo en los primeros meses del 2018.

 

A este problema se agrega otra cantidad de casos de presos peligrosos o en fases agudas de la enfermedad, enviados a los hospitales Santa Rosita y Mario Mendoza, sin que cuenten con forma alguna de aislarlos del resto de pacientes.

 

La situación se viene presentando desde el 2012, según se investigó en los hospitales psiquiátricos capitalinos. En la actualidad, los casos han aumentado significativamente, lo que ya mantiene en alarma a las autoridades hospitalarias, que en ningún momento han dejado de atender a todos los remitidos judicialmente.

 

Hace unos meses, los tribunales de justicia remitieron a 12 privados de libertad directamente al Hospital Mario Mendoza, ubicado en Tegucigalpa.

 

Con la firma de un juez, tanto las autoridades como el personal médico deben abrir las puertas del hospital a cada presidiario, para que sea atendido inmediatamente.

 

Luego les diagnostican las patologías, les dan tratamiento y medicamentos, pero en esa orden judicial muchas veces no se establece el plazo de estadía del privado de libertad en el sanatorio.

 

Independientemente que puedan recibir el alta médica, permanecen ocupando un lugar en el hospital, como enfermos mentales, hasta que llegue una orden similar de otro juez, que indique que ya puede ser trasladado nuevamente a la cárcel. De igual manera, para poder tramitar la salida del supuesto paciente, hay que aguardar a que se extienda una misiva, con acompañamiento de seguridad para retornarlo a los recintos penitenciarios.

 

La directora del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, en Tegucigalpa, América Chirinos, mencionó que en este centro asistencial una psiquiatra se encarga de los pacientes que sí tienen citas médicas, y se les da prioridad para que permanezcan lo menos posible en el hospital, por cuestiones de seguridad.

 

En el caso de personas que no son pacientes, pero las remiten con orden judicial, “ahí no tenemos opción, es una orden de un juez en donde pide que se ingrese…”.

 

“…ponen (escriben) el tiempo y todo, a veces no son pacientes, por eso digo personas, ya que no tienen un diagnóstico psiquiátrico y aún así los mandan como una medida cautelar”, opinó.

 

“Tenemos que obedecer porque ha sucedido que han llevado preso al doctor que no acató esa orden y eso nos está causando problemas en estos momentos”, lamentó.

 

Añadió que esos “ingresos judiciales” son atendidos en la emergencia, pero en esa orden escriben plazos que van desde tiempo indefinido, tres, seis meses, dos años.

 

“En este momento tenemos, por ejemplo, en sala de varones, 12 personas privadas de libertad, que por orden judicial están ahí hospitalizados, tal como lo mandan”.

 

Entonces, se reciben y se verifica si tiene una patología, “el problema es que ellos (los jueces) determinan el tiempo que deben estar hospitalizados”.

 

“Aquí, normalmente, el paciente tiene establecido 21 días para que en ese momento se resuelva su problema agudo, vuelve a su casa y sigue tomando su medicamento, pero aquí lo mandan un año, dos años”, ejemplificó la doctora.

 

Sobre la verificación de las patologías que supuestamente padecen los reos, se le preguntó si queda alguna constancia médica para evitar ese tiempo de internamiento innecesario y respondió que “sí, queda constancia de devolución, y si de verdad está enfermo, se trata, pero ahí tienen que estar todo el tiempo, porque no podemos retirarlo (por la orden judicial establecida)”.

 

En el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, ubicado en el valle de Amarateca, Francisco Morazán, actualmente hay al menos 45 “pacientes” privados de libertad que han sido ingresados este año, también remitidos directamente por los tribunales de justicia.

Los jueces toman la decisión, como parte del cumplimiento de la sentencia, por “x” o “y” delito cometido, sin un diagnóstico profesional psiquiátrico, ni bajo supervisión de autoridades de los centros penitenciarios o del Instituto Nacional Penitenciario (INP), según autoridades de estas tres dependencias del Estado.

 

El director del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, Marvin Macedo, declaró que siempre les han abierto las puertas a los privados de libertad, de forma ordenada, mediante las firmas de convenios de cooperación y en cumplimiento de leyes y acciones en la defensa de los derechos humanos.

 

Incluso “se mandan a los profesionales médicos a hacerles evaluaciones cuando lo requieren, pero cuando un juez los refiere directamente desde los Juzgados hacia el hospital, como lo han estado haciendo últimamente, no nos parece correcto”.

 

“Estos pacientes llegan al Hospital Santa Rosita solamente remitidos por un juez y eso nos ha traído bastantes problemas en la institución”, manifestó.

 

“Pero es diferente cuando hemos llegado a las cárceles en donde se evalúan, se les proporcionan los medicamentos, y si ameritan un ingreso, se les da cita para consulta externa, en esta consulta el médico toma la decisión de ingresarlo o despacharlo”, explicó el doctor, con más de una década de experiencia en la administración hospitalaria psiquiátrica en Honduras.

 

Destacó que se han suscrito convenios de apoyo asistencial con autoridades penitenciarias y que han logrado mejorar la atención directa y ordenada, pero este escenario judicial está al margen.

 

Como ejemplo de un tratamiento ambulatorio enmarcado en el ordenamiento convenido y con respaldo de profesionales médicos, mencionó que en la actualidad se han estado evaluando entre 40 y 50 pacientes mujeres mensualmente, en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), en la comunidad de Támara, Francisco Morazán.

 

Contrario a esto, apuntó que la preocupación se mantiene por los 45 privados de libertad remitidos directamente por los jueces y no desde los centros penitenciarios, además de que la orden es por tiempo indefinido, en algunos casos.

 

“No sabemos si hay que regresarlo o esperar hasta que ellos toman la decisión de manifestar qué se puede hacer con ellos, eso nos trae un grave problema al hospital”, lamentó.

 

Según los registros en el Hospital Santa Rosita, la pena de varios privados de libertad ya habría concluido y nunca regresaron a los Juzgados, o a la cárcel, por lo que suponen que la estadía obedece también a casos de abandono familiar.

 

Mensualmente, según explicaron las autoridades hospitalarias, se erogan entre 4,000 y 5,000 lempiras diarios por atención a privados de libertad ingresados en Unidades de Pacientes Agudos o Crónicos, es decir más de 200 dólares al cambio actual. En los pacientes de psiquiatría en Sala de Agudos el Estado eroga entre 2,500 y 3,000 lempiras, lo que equivale a 125 dólares diarios por paciente. En la Sala de Alcoholismo se gasta entre 2,000 y 2,500 lempiras por paciente, es decir, más de 100 dólares.

Hombre lleva 15 años “preso” en sanatorio

 

La psiquiatra del Hospital Santa Rosita, Xenia Aguilera, lamentó la falta de diagnósticos en relación a algunos casos de privados de libertad.

 

La subdirectora asistencial del Hospital Santa Rosita, psiquiatra Xenia Aguilera, afirmó que el internamiento de privados de libertad representa a veces “una carga”, cuando se ha llegado a tener en ese centro hasta 60 personas “que nos mandan desde los Juzgados, para que cumplan una condena”.

 

“Entendemos que es como un tipo de medida cautelar y son mandados sin ningún criterio médico; el hospital los tiene dos años, incluso, mucho más tiempo porque no nos dan respuesta”.

 

Recordó que tienen un paciente que acaba de cumplir 15 años como privado de libertad interno en el hospital, con facultades mentales básicas.

 

La preocupación de las autoridades hospitalarias es que además de los riesgos de no contar con una unidad exclusiva para tratamiento de privados de libertad, la falta de diagnósticos precisos conlleva a malgastar recursos logísticos y profesionales.

 

Al final de cuentas comprueban que la mayoría de ellos no presentaban cuadros graves en su salud mental y física. Por lo que, en el caso del reo que pasó 15 años hospitalizado, el Estado gastó más de 16 millones de lempiras, de forma innecesaria.

 

Incluso, al ser revisados por los especialistas, el tratamiento es ambulatorio y otros ni siquiera estarían enfermos o sencillamente se encuentran simulando enfermedades mentales, con el objetivo “a la vista” de evasión a las cárceles o largas sentencias por delitos graves y apelar así a un tipo de asistencia humanitaria.

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