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“Subasta Inversa” para mejorar plástico de la nueva identidad

 

Los miembros de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP), dieron a conocer el plan estratégico que llevarán a cabo en los próximos meses con el fin de “rescatar” uno de los entes estatales de seguridad nacional, tanto en el fortalecimiento financiero, como en la parte administrativa, personal y compras de materiales para la nueva tarjeta de identidad, que sería una realidad en el 2020.

 

Sobre este tema, el coordinador de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP), Rolando Kattán, explicó que en el marco de la inversión de esos recursos van a reglamentar la “Subasta Inversa” que busca los precios más bajos en el proceso de licitación que hará la entidad para implementar el nuevo documento personal plastificado.

 

En ese sentido, la Junta Interventora detalló durante la presentación de su informe que para poner en marcha este plan de trabajo urge un presupuesto de 50 millones de dólares (L1,212 millones), que serían distribuidos así:

 

13 millones de dólares (L315.1 millones) para la parte de infraestructura; $12 millones (L290.8 millones) para la etapa de enrolamiento; y $25 millones (L606 millones) para el plástico, es decir, la nueva identidad.

 

“Los plásticos con la Ley de Contratación del Estado hay una tipificación que se llama “Subasta Inversa”, esto es un concurso en donde las diferentes empresas proveedoras de los materiales concursan y pujan por el precio más bajo, esto nunca se había usado en la administración pública”.

 

El interventor dijo que ya se han reunido con la ONCAE (Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado) para reglamentarlo “y ser la primera institución en usar este novedoso sistema de transparencia porque uno puede ir viendo en una página electrónica los diferentes ofertantes de todos los lugares del mundo”.

 

Kattán, informó además que los trabajos de la Junta Interventora están siendo observados por organismos internacionales quienes les han notificado respaldo financiero de la Unión Europea, el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas y hasta con el Fondo Monetario Internacional ya que es un proyecto que puede tener “fuertes repercusiones en las administraciones transparentes de los recursos”.

 

“Ahorita tenemos la primera colocación de los fondos para hacer la subasta internacional de infraestructura aunque se ejecutaría seis meses después con el Ejercicio Fiscal 2019”, informó al tiempo de referir que este novedoso sistema de identificación debe estar terminado en septiembre de 2020, seis meses antes de la convocatoria a elecciones internas.

 

“En el 2020 ya vamos a estar dando nuevos plásticos con todas las medidas de seguridad consensuados con expertos internacionales sobre cuáles van a ser las características tanto físicas como en tecnologías de impresión de generar una nueva identificación”, proyectó.

 

Destacó que toda información estará ligado a una base de datos que debe estar resguardada y tendrá interacción con los diferentes instituciones del Estados, como: Educación, Salud; asimismo, con la Policía, entre otras.

En menos de un mes en los que los interventores del RNP fueron nombrados por la mayoría de diputados del Congreso Nacional, algunos de los hallazgos en esa dependencias del Estado van desde el registro de algunas faltas y desorden administrativo y financiero, deudas, inexistencia de algunas liquidaciones financieras, despilfarro en presupuesto, desorden en manejo de cancelación de salarios a empleados, entre otros relacionados a la inoperancia de los responsables al frente.

 

Según las líneas de investigación sobre el trabajo de los interventores, exdirectivos del RNP durante el 2016 y principios del 2018, no pagaron unos 22 millones de lempiras a sus empleados por concepto de sus sueldos, de esa acción no existen hasta el momento justificaciones claras y tampoco evidencia de dónde fue a parar el dinero.

 

A estos actos, se suman otros millonarios de corrupción que propiciaron el “resquebrajamiento” de la seguridad y estabilidad del RNP que tiene deudas dejadas de cobrar por el orden a este momento de 12 millones de lempiras por contratos de prestación de servicios de compañías operadores telefónicos.

 

Se aclara que el RNP no presentó durante tres años la documentación requerida ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR) para obtener una constancia de solvencia y poder tener la autorización para poder facturar por servicios prestados por la institución.

 

En el informe también se incluyó pagos por concepto de gastos de representación por un monto de 215,000 lempiras para el pasado directorio. Asimismo la Junta Interventora ha registrado denuncias relacionadas a la utilización de la base de datos para fines ajenos a la responsabilidad del RNP como por ejemplo tráfico de identidades, compra y cambios de datos de documentos y nacionalización de personas extranjeras, entre otros.

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