Sentenciaron por secuestro a una exfuncionaria de la Fiscalía General de la República por 50 años en prisión.
Se trata de Érika de León Rodríguez, quien se desempeñaba como fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda
Se dijo que esta mujer privada de la libertad a un sujeto con el argumento de que había una orden de aprehensión en su contra, exigiéndole el pago de un millón de pesos para liberarlo.
De acuerdo con un comunicado de la FGR, la víctima tuvo que pagar 600 mil pesos prometiendo cubrir el resto en los siguientes días, tiempo que aprovechó para denunciar a la exservidora pública.
Finalmente Erika de León fue encontrada culpable por los delitos de extorsión y secuestro exprés, con el agravante de que los cometió estando como fiscal en funciones.
Además se le sumó una multa económica por 560 mil 800 pesos, así como el pago de la reparación del daño que aumentó a 600 mil pesos.
Suben a Lozoya monto a reparar; defensa se queja
Por Aurora Zepeda
Miguel Ontiveros, abogado de Emilio Lozoya, denunció que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y Pemex, incrementó en 200% el monto del acuerdo reparatorio por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
Ante el juez de control Genaro Gerardo Alarcón, en el Reclusorio Norte, el abogado preguntó a los representantes del gobierno el porqué del incremento, cuando el monto de 10.7 millones de ya dólares había sido aceptado por el Consejo de Administración de Pemex en enero de 2022 .
Como los representantes de la UIF y Pemex no pueden responder y luego que la FGR no formó parte de las negociaciones, el juez difirió la audiencia intermedia para el 30 de agosto.
Ontiveros dijo a los medios que este aumento se da luego que el presidente pensó que 10.7 millones eran poco, pero sin argumentos y respaldo legal.
El abogado perdió la actitud del gobierno de “un embate en contra de un testigo colaborador que ha obtenido datos para perseguir a otras personas que ha desde hace tres años está colaborando con las instituciones del Estado, que desde hace más de un año y medio está ingresado en prisión por ir a cenar a un restaurante lo cual es lícito para quien tiene un brazalete electrónico y en contra de esta injusticia, este agravio, que se está cometiendo en contra de toda la familia Lozoya Austin”.
Dijo que la narrativa del gobierno es “falsa e inverosímil” que la UIF y Pemex lo que “piden es 200 por ciento más, lo que es inmoral, ilegal y raya en extorsión”.
Ontiveros explicó que ellos pidieron declarar la prescripción de los delitos y no reconocerle personalidad jurídica a la UIF. Cómo el juez no lo aceptó, no descartó interponer dos amparos para proteger a su cliente.
Defensa
- La defensa reiteró que no quieren juicio “queremos un acuerdo, pero un acuerdo justo y proporcional, que sea de 10.7 y lo firmamos mañana”.
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