Bolivia atraviesa por un aumento de contagios por el coronavirus que se cree que se incrementará aún más en las próximas semanas, de los que no se libran ni el Gobierno interino ni el Parlamento del país. En el país se han reportado 1.807 fallecidos por COVID-19, mientras que los contagios confirmados son 48.187 desde la identificación de los primeros casos en marzo pasado.
La alta incidencia de contagios para un país de unos una vez millones de habitantes no ha impedido que se realicen protestas masivas y aglomeraciones en calles, pese a la cuarentena que rige en el país desde hace más de tres meses.
La semana pasada se supo que la presidenta interina, Jeanine Áñez, dio positivo a la COVID-19, pero mantiene sus actividades con sus colaboradores, con reuniones telemáticas mientras cumple aislamiento en la residencia presidencial.
La enfermedad afecta a varios ministros de su gobierno interino como los de la Presidencia, Salud y Minería, a los que se sumó este pasado domingo el de Economía, Óscar Ortiz, que tuvo ser hospitalizado.
La presidenta del Senado, Eva Copa, que actúa como presidenta también del Parlamento boliviano, dio positivo a la enfermedad, está aislada y como ella legisladores, entre los que se ha reportado un fallecido con sospechas de que padecen en nuevo coronavirus.
La pandemia en Bolivia no ha impedido que se produzcan protestas sociales de algunos sectores que el efecto adverso en sus ingresos económicos de medidas de restricción como las que limitan el salir a la calle y la circulación de vehículos, incluido el transporte público, que desde finales de marzo se han ido extendiendo, por ahora a todo julio.
Cientos de choferes de sindicatos de transportes públicos muy populares en el país como los minibuses marcharon por el centro de La Paz para exigir a la Alcaldía el incremento de tarifas y una movilización similar se realizó durante varias jornadas con una protesta de maestros, descontentos con la gestión gubernamental tras meses de clases presenciales paralizadas.
La paz ha sido también espacio para que protesten artistas, dueños de negocios gastronómicos, padres de familia que piden la reducción de cuotas escolares y trabajadores sexuales, a pesar de que las autoridades han prohibido limitaciones masivas que facilitan la transmisión de contagios.
Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba, las principales ciudades del país, sufren un sistema hospitalario colapsado, con centros de salud que han dejado de atender al identificarse con un síntoma personal del nuevo coronavirus.
A ese escenario se ha sumado la política en torno a los beneficios o perjuicios del dióxido de cloro, una sustancia que según algunos médicos ayuda a enfrentar la enfermedad pero que ha sido desestimada por el nivel central de sanidad.
Mientras que fármacos como la ivermectina o azitromicina, entre otros, son de alta demanda en farmacias ante la difusión de pequeños receptores o paquetes anti-Covid que pululan en redes sociales.
Los comicios generales que se espera para el 6 de septiembre continúan dividiendo a la opinión pública, entre los que consideran que deben tener en la fecha establecida y los que no por la situación sanitaria.
El gobierno interino mantiene la proyección de que a finales de agosto y principios de septiembre Bolivia afrontará una etapa de más contagios, algo que podría aumentar si es que se realiza una jornada electoral.
Otros como el Movimiento Al Socialismo de Evo Morales, que iba primero en las encuestas cuando se evaluó los comicios previstos para el 3 de mayo, defienden que los países con un censo electoral y una incidencia de la enfermedad similar, como recientemente la República Dominicana e incluso en peores circunstancias, como Francia, han celebrado elecciones y en Bolivia no se pueden posponer indefinidamente.
El Tribunal Supremo Electoral ha tomado iniciativas para que los fondos públicos para financiar campañas electorales pasen extraordinariamente a la atención de la pandemia.
Gabriel Romano. Agencia EFE
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