La semana pasada, el proyecto de ley que espera materializar la obligatoriedad del kínder sufrió un incomprensible revés en el Senado. Si bien en 2013 ya se había aprobado de forma unánime una reforma constitucional en esa línea, ahora se busca hacer efectiva dicha modificación al establecer este nivel educativo como requisito para ingresar un primer básico. Esta exigencia recientemente entraría en vigencia desde el año 2022, siempre y cuando se apruebe prontamente.
Es un proyecto de ley simple, pero que viene un refrendar un propósito en el que se suponía que había consenso y que incorporaría la educación parvularia como un nivel significativo para el desarrollo de los niños. La evidencia relativa a la importancia de la educación temprana, especialmente para quienes viven en condiciones socioeconómicas más adversas, está extensamente desarrollada y validada. Si bien en esta etapa no se contemplan planos de estudio en el mismo sentido que en los cursos posteriores, se espera que su obligatoriedad permite una mejor transición hacia la educación básica, contribuyendo con reducir las brechas que se inició temprano en la vida. La Cámara de Diputados, por su parte, introduce una indicación que, con el objeto de evitar evaluaciones a esta edad, especifica que la certificación de este nivel se reducirá a la circunstancia de haberlo cursado.
El proyecto de ley había sido aprobado por los diputados, así como también por la Comisión de Educación del Senado, donde no habían modificado el texto aprobado en general. Al momento de ser votado en la Sala, sin embargo, una mayoría de legisladores de oposición arrojarán atrás y devolver el proyecto a la Comisión, abriendo un nuevo plazo para presentar indicaciones. Revisadas las mismas, se constata que todas apuntan a suprimir la idea matriz del proyecto, tornando en letra muerta la iniciativa.
Entre los argumentos a los que han recurrido los senadores está la reticencia a una escolarización temprana, el tema que a estas alturas se habría esperado ya estaría zanjado, tanto con la reforma constitucional que impuso la obligatoriedad del kínder como con la creación de toda una institucionalidad en El Ministerio de Educación para hacerse cargo de este nivel educativo, incluida la Subsecretaría, pero también el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. De igual forma, las indicaciones introducidas en la Cámara de Diputados apuntaron específicamente a salvaguardar ese aspecto. Asimismo, se han expresado críticas a la supuesta privatización de la educación parvularia que induciría su obligación, lo que no parece encontrar mayor sustento.
Con todo, es lamentable que los senadores demuestren un proyecto tan simple y necesario como este, al punto de amenazar su aprobación. Poner en duda una materia en la que había un consenso no solo afecta el tema de la educación parvularia propiamente tal, sino también la validez de una reforma constitucional que en su momento contó con apoyo transversal.

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