El 15,31% de las personas que vivieron en residencias de servicios sociales de la Comunidad de Madrid han muerto desde el pasado 8 de marzo y hasta el pasado 15 de mayo, según los datos remitidos por las comunidades autónomas al Gobierno ya los que ha tuvieron acceso EL PAÍS. Estos centros incluyen las residencias de mayores, pero también de personas con discapacidad o problemas de salud mental. Aunque de los 7.690 fallecidos por cualquier causa en estos centros en solitario 1.203 identificaron la prueba de la covid-19 hecha, la cifra demuestra la dureza con el virus golpeado en las residencias de Madrid, especialmente las de mayores. Muchos fallecieron con síntomas compatibles y sin que se les realizara la prueba. En este tiempo, el Gobierno regional ha intervenido en 14 de estos centros. La cifra contrasta con los 112 de Asturias, donde han fallecido el 5,96% de los usuarios de residencias. Según los datos a los que ha accedido este diario, solo nueve comunidades han remitido al Gobierno la información solicitada, que están obligadas a enviar desde el pasado 8 de abril.
El porcentaje de fallecidos en los centros es un cálculo de este diario en base a los datos oficiales remitidos por las comunidades al Gobierno sobre el número de residentes actuales y el total de decesos, por cualquier causa. Pero cada comunidad presenta las cifras como considera, por lo que la comparación es difícil. Por ejemplo, Madrid hasta ahora solo ha informado de fallecimientos en los propios centros, sin especificar cuántos mueren además en hospitales, y haría falta sumar variables como los ancianos que se han marchado a casa durante la pandemia. En Galicia se incluyen fallecimientos tanto en residencias como en hospitales. Sin embargo, y pese a que las cifras no sean homogéneas, sí puedo hacer una comparación del impacto de la pandemia en los centros. Y Madrid es la comunidad con mayor porcentaje de fallecidos en estos centros.
Las residencias han sido uno de los grandes focos de contacto durante esta crisis. Por el momento, el Gobierno no ha publicado los datos de fallecidos con coronavirus confirmado o con síntomas compatibles en todos estos centros de servicios sociales, que las comunidades deben remitir dos veces a la semana al Ministerio de Sanidad. Según el último recuento de este diario, con datos remitidos por las autonomías, son más de 19,000 fallecidos y al menos a la mitad no se les había realizado el test. Madrid ha visto especialmente golpeada por la pandemia y es la comunidad con mayor número de fallecimientos.
En los datos a los que ha tenido acceso este periódico constante información de Madrid, Cataluña, Valencia, Asturias, Andalucía, Murcia, Navarra, Galicia y Baleares. En estas comunidades se han abierto 428 expedientes a residencias de servicios sociales, es decir, que los gobiernos regionales han emprendido algún tipo de actuación en las mismas, que no solo incluyen los centros de mayores, sino también de discapacidad o salud mental. En los casos más graves se culmina con la intervención del centro, lo que implica cambiar la dirección. En Madrid, los 14 expedientes coinciden con el número de residencias intervenidas por la comunidad en este tiempo. Suponen el 2% de los 710 centros sobre los que se remite información. En Cataluña, según estos datos, han sido 209 (aunque la Generalidad especifica que tiene 13 residencias intervenidas): el 19,1% de los 1.092 centros. En Asturias son 112, el 38,8% de las 289 residencias.
En estas nueve comunidades han fallecido con la covid-19 confirmada 5.346 personas entre el 8 de marzo y el pasado 15 de mayo. Pero la cifra de fallecidos por cualquier causa asciende a 19.243 personas. Las cifras identificadas que Madrid ha sido la comunidad más golpeada. En la capital han fallecido 7.690 personas por cualquier causa en estos centros. De ellos, solo 1.203 tuvieron la prueba de la covid-19 hecha. Muchos fallecieron con síntomas compatibles y sin que se les realizara la prueba. En los datos no constantes de ellos mismos síntomas compatibles con el coronavirus. Pero en esta comunidad, según la última información publicada en su página web, hasta el 12 de mayo habían muerto en los 710 centros 8.111 por cualquier causa y, de ellos, el 58% tenía sintomatología compatible con el coronavirus y no se le había obtenido el prueba.
En Cataluña han muerto en residencias 4.702 personas por cualquier causa, 2.387 de ellas con coronavirus confirmado. En Andalucía, 2.150 decesos por cualquier causa, 524 con covid-19 confirmada. En Navarra, 641 fallecidos en total, 267 con coronavirus confirmado. En Galicia, 641, de los cuales 267 confirmaron coronavirus. La falta de pruebas fue uno de los grandes problemas durante la época más duradera de la pandemia, y aun hoy las patronales y los sindicatos críticos que no todas las comunidades se han realizado las pruebas a todos los residentes y trabajadores.
5.200 actuaciones
La gestión de la crisis en las residencias se ha visto muy cuestionada durante esta crisis. Pedro Sánchez destacó las actuaciones del Gobierno en estos centros el domingo pasado en su última comparación en La Moncloa. Tras recordar que la gestión es competencia de las comunidades autónomas, el presidente del Gobierno señaló que entre el 18 de marzo y el 17 de mayo se había enviado al Ejército a realizar 5.200 actuaciones de desinfección en geriátricos por toda España dentro del marco de la operación Balmis. “El Gobierno no tiene mirado para otro lado en esta crisis, y no solo porque hemos aprobado órdenes sino porque hemos enviado al Ejército. Mayor compromiso con la seguridad de nuestros mayores que ha demostrado este Gobierno a mí me parece imposible “, demostró.
En ello ha insistido también el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, que coordina la actuación en servicios sociales. Ha reiterado que las competencias en residencias han sido de las comunidades y que durante la pandemia, desde su departamento han impulsado a los trabajadores de las residencias afectadas esenciales y la orden ministerial, aprobada por el Ministerio de Sanidad, que obliga a separar a los usuarios de las residencias en grupos, para tratar de frenar la expansión del virus, y por la que se facultaba a las comunidades a intervenir los centros que se vieran desbordados por la pandemia. La semana pasada cargó duramente contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, al insinuar qué puede haber incurrido en un “posible crimen” con sus protocolos, por los cuales se restringe el ingreso de mayores dependientes en los hospitales.
Sánchez también se refirió a esto último el pasado domingo, durante su intervención. En Madrid, los dos socios del Gobierno regional, PP y Ciudadanos, están enfrentados por la gestión de las residencias. Sánchez no se anduvo con rodeos. “Todos hemos sido testigos de las órdenes y contratos que han salido a la luz por la parte del Gobierno autonómico en relación con los mayores y su ingreso en hospitales. Lo dejo ahí ”, allí el presidente. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), advirtió al inicio de la pandemia al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), el riesgo de que “muchos residentes fallecidos de forma indigna” y de las posibles “graves consecuencias legales “. Escudero prometió “medicalizar” los geriátricos el 12 de marzo. No consideró así. Su consejería también envió al menos cuatro correos para excluir de hospitales a ancianos de residencias. Los mayores con seguro privado sí pueden ser trasladados a centros sanitarios.
300 millones para servicios sociales
EL PAÍS también ha podido acceder al destino detallado del fondo social extraordinario de 300 millones que el Gobierno determinó el 19 de marzo para paliar los efectos de la covid-19. Las comunidades lo han distribuido para apoyar las plantillas de las residencias de mayores y los centros de servicios sociales, la asistencia al domicilio de las personas mayores dependientes o personas con discapacidad, así como para asistir a las personas sin hogar.
Un tercio de los 300 millones —100,6 millones (33,5%) – se han dedicado a ampliar la dotación de las partidas determinadas a los ingresos afectados a las familias y la cobertura de sus necesidades básicas. Otros 60,1 millones (20,3%) son para el refuerzo de las plantillas de centros sociales y residenciales. 58.2 millones (19,4%) servirán para los servicios de proximidad de carácter domiciliario. Para la compra de equipos de protección individual (EPI) se reservan 37 millones (12,3%). 24 millones (8%) son para medidas que las comunidades, en colaboración con los Ayuntamientos, consideradas para personas especialmente vulnerables.
Andalucía es la comunidad que recibe más fondos con 51,7 millones. Le siguen Cataluña (45,5 millones), Madrid (38,7 millones) y la Comunidad Valenciana (30 millones). Castilla y León cuenta con 17,6 millones, una cifra ligeramente superior a Castilla-La Mancha (14,6 millones). Entre medias se encuentra Galicia (17 millones). Canarias cuenta con 14 millones, en la línea de País Vasco (13,4 millones). Para Murcia son 9,3 millones y Aragón 9,9 millones. En el caso de Extremadura la partida es de 7,8 millones. Semejante a la de Baleares (7,4 millones). Asturias obtiene 6,6 millones, La Rioja y Navarra 4,5 millones, y Cantabria 4 millones. Ceuta y Melilla tienen 1,6 millones cada una.
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