En 2013, en el marco de la denominada “Cumbre para un periodismo responsable en los nuevos tiempos”, el entonces presidente de Ecuador Rafael Correa preguntó de forma retórica al público, en el curso de una conferencia con la que inauguró la citada cumbre: ” ¿Saben cuántos periodistas presos hay en Ecuador por sus opiniones? ¡Ninguno! Y si hubiera algún periodista preso, sería por haber cometido un delito, no por su oficio de periodista”.
Con eso el mandatario pretendía dejar en claro, frente a las numerosas voces que ya para entonces expresaban su preocupación y sus críticas por la creciente hostilidad de su gobierno hacia los medios de comunicación, que en su país existía un irrestricto respeto a las libertades de prensa y de expresión.
Con variaciones, ese vulgar intento de hacer creer que no existen violaciones a dichas libertades en tanto no se tenga registros de periodistas presos o muertos se ha vuelto moneda común entre los autoritarismos de nuevo cuño. Como si ese fuera el único indicador de la existencia de vulneraciones y no el más extremo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 proclama que el derecho a la libertad de opinión y de expresión incluye no solo el hecho de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundir las sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión, sino el no ser molestado a causa de sus opiniones.
En abierta contravención con ese artículo, Correa, que en aquella conferencia se ufanaba de que en Ecuador no hubiera periodistas presos, montó en cambio durante los 10 años que estuvo en el poder toda una estrategia de ataque contra la prensa, activistas de derechos humanos y opositores políticos que pasaron, entre otras cosas, por la aprobación de leyes tendientes a poner bajo control oficial a los medios, la disolución de organizaciones sociales y la restricción por vías legales del derecho a la libre asociación y la difusión de información.
Asimismo, creó una maquinaria gubernamental de medios que, financiada con fondos públicos, intentó ahogar y silenciar la pluralidad editorial y posicionar una única voz, la de su gobierno, como la última verdad.
Desde esa gigantesca estructura, estigmatizó y descalificó a periodistas y columnistas, por supuesto, pero también a cualquier personaje crítico ya disidentes de la sociedad civil en general.
Finalmente, su gobierno instrumentó el sistema judicial para procesar penalmente y aplicar sanciones ejemplarizantes contra aquellas voces que contrariaran los designios del oficialismo. Y claro que dentro de esa vorágine de ataques, por más que Correa pretendiera lo contrario, también hubo periodistas, opositores y ciudadanos críticos que fueron condenados a penas de prisión por el simple hecho de emitir una opinión o de divulgar información que no fuera del agrado del gobierno. Solo en los dos últimos años de la década correísta (2016-2017), la organización Fundamedios contabilizó entre las agresiones a la libertad de expresión un total de 66 procesos penales, entre iniciados, sentencias y detenciones arbitrarias.
El panorama durante esa época fue tan desolador que en las clasificaciones anuales de la libertad de prensa, realizadas por Reporteros sin Fronteras, Ecuador se desplomó del puesto 56 en 2007 al 109 en 2016.
A su vez, luego de su visita al país sudamericano, en 2018, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH concluyó de forma contundente: “Entre los años 2007 y 2017 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión documentó que el gobierno de Ecuador encabezado por el presidente Rafael Correa pensó e implementó una política sistemática para desacreditar, estigmatizar, constreñir y sancionar –mediante el uso del derecho penal y administrativo– a periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y opositores políticos”.
Emulando a aquel Correa de 2013, el gobierno salvadoreño busca demostrar también su supuesto respeto a las libertades de prensa y expresión escudándose en el hecho de que en el país no hay ningún periodista preso. Aunque en su pretendida defensa mantiene simplemente un conveniente silencio sobre la multitud de otras acciones que igualmente vulneran dichos derechos y con las que se busca acallar a las voces disidentes: el acoso fiscal y cibernético, la estigmatización de periodistas y opositores, el espionaje, la ingente cantidad de recursos públicos para alimentar la maquinaria de propaganda, la restricción a la información pública, etcétera.
Cierto, hasta el momento en El Salvador no hay ningún periodista encarcelado. Eso no significa que en el futuro no los haya. Ni tampoco que en el país exista un respeto absoluto a las libertades de expresión y de prensa.
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