Fiscalía pretende imputar cargos por delito de tráfico de armas a Rolando López

Hoy a las nueve y diez de la mañana, el exdirector del Consejo de Seguridad, Rolando López, deberá acudir a dos audiencias en el Sistema Penal Acusatorio solicitadas por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado por el posible delito de tráfico de armas de guerra.

La primera, es una petición de la Defensa por afectación de derechos, y la segunda, la solicitó la fiscalía. Previamente la fiscalía efectuó una audiencia, de legalización, aprehensión, imputación e imposición de medidas cautelares para ocho exfuncionarios de alto rango de estamentos de seguridad que trabajaron durante la administración de los expresidentes Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli.

Se presume que López le imputa cargos por el supuesto delito mencionado. De acuerdo con la investigación de la fiscalía, aparentemente la empresa Aerotécnica Panamá, y el abogado de la misma, introdujeron al territorio una serie de armas de fuego, algunas consideradas “de guerra” en la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), como intermediario del Estado en la adquisición de las mismas con la anuencia de altos funcionarios del gobierno en el período 2012-2019.

Según las averiguaciones, quienes dirigían la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras, la Aeronáutica Civil, su consentimiento para la introducción de las armas y el valor de un certificado de uso final, emitido por los estados seguridad, mediante el cual las armas entran en las instituciones como “muestras comerciales”.

No obstante, luego de ser introducidas a las instituciones, eran sacadas de esos lugares y depositadas en el departamento de armas y municiones comerciales de la Dirección Nacional de Armamento de la Policía Nacional, y de ahí a los almacenes de la Diasp que supuestamente autorizó el director de la última entidad hasta lograr el registro de las armas a nombre de personas naturales, importando un arma de fuego ilícitamente para el mercado civil aún cuando en el país existe, desde el 26 de octubre de 2010, la prohibición de importar armas de fuego .

Estas armas, al parecer, se vendieron a distintas personas con los permisos y certificaciones de tenencia, y posteriormente fueron recuperadas en las diligencias de allanamiento que realizaron la fiscalía el 14 de julio del presente año en la ‘Operación Furia’.

Algunas armas lograron registrados un título personal de los funcionarios de los estamentos de seguridad, adicional a que tenían inyección en el trámite o firma relacionada con las armas, de las cuales algunas se recuperaron y otras fueron registradas con sus permisos y después devueltas a los estamentos de seguridad, una actividad que generó lucro y que está registrado en la base de datos de la Diasp.

Es muy posible que lo anterior se ventile hoy en la audiencia en contra de López, quien sea el momento del allanamiento a su residencia no se físicamente en su domicilio y por lo tanto no se contempló en la audiencia de imputación celebrada al grupo de exfuncionarios que se efectuó recientemente.

Ángel Álvarez, defensa de López, alias ‘Picuiro’, asegura desconocer los cargos en contra de su cliente. Previamente solicitó una audiencia de afectación de derechos en la que participó el fiscal Juan Domingo, de la Fiscalía contra el Crimen Organizado de la sección de la provincia de Veraguas, donde se encuentra la residencia de López.

En dicha oportunidad, la fiscalía no entró en el fondo del caso y consideró que solicitaron ventilación en Panamá, y así fue como se hizo la audiencia a la que concurre hoy el exjefe del Consejo de Seguridad durante la administración Varela.