El Gobierno salvadoreño tiene que desistir de continuar con la restricción de derechos ciudadanos sin aval de la Asamblea Legislativa, como regula la Constitución de la República, dijo ayer la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) en un análisis sobre los decretos aprobados por la Presidencia contra la pandemia.
FUSADES criticó que en el último mes la administración del presidente Nayib Bukele aprobó tres decretos diferentes que imponen nuevas restricciones de derechos para enfrentar al covid-19. “Provoca inseguridad jurídica por la velocidad con la que se cambian las obligaciones y derechos de las personas, por la ambigüedad y falta de claridad de los mensajes que los acompañan”, dijo.
Las normativas citadas por FUSADES son el decreto ejecutivo número 12 (aprobado el 21 de marzo); el decreto 14 ( avalado el 30 de marzo); y el decreto 19 (publicado el 13 de abril, que sigue vigente). Cada norma modificó a la anterior e impuso nuevas restricciones de movilidad.
Un punto citado por FUSADES en el decreto 19 es el artículo 1, que obliga a la ciudadanía a permitir el ingreso a sus hogares de personal del Ministerio de Salud (MINSAL) para que realice inspecciones. Esa normativa riñe con el artículo 20 de la Constitución que establece que la morada es inviolable, advirtió la organización.
También aseguró que el decreto mantiene la puerta abierta para que los cuerpos de seguridad cometan arbitrariedades porque habla sobre detenciones de personas que incumplen la cuarentena y regula el decomiso de vehículos, así como anuncia castigos para empresas que suspendan contratos de trabajadores por la pandemia. Tres acciones que, señaló FUSADES, son ilegales.
“El Órgano Ejecutivo no tiene facultades para crear las sanciones por romper la cuarentena”, remató.
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