03 de julio de 2020
Por Ramón Aguirre Díaz
Es importante que nuestro país cuente con una ley reglamentaria sobre el derecho humano al agua y que defina, tal como se redactó en la Constitución, “las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos multas … “.
Los cuatro conceptos indispensables que, como mínimo, pueden incluir la Ley General de Aguas para poder hacer realidad el derecho humano al agua para todos los mexicanos.
El primero sería preciso y definiría los aspectos que integran el derecho humano al agua, cuentos como la cantidad, la calidad, la accesibilidad física, la accesibilidad económica, la aceptabilidad, la no discriminación, el acceso a la información y la protección a los grupos vulnerables En todos ellos se tiene un razonable consenso en el ámbito internacional, por lo que no debería haber tenido la menor controversia sobre el particular.
El segundo concepto es el institucional. Necesitamos una institución federal fuerte, con facultades ejecutivas, con personal técnico capacitado y con experiencia, con presupuestos adecuados para poder cumplir con sus autoridades y que pueda definir e implementar normas estrictas, pero realistas a la situación que prevalece en el país sobre el tema del agua en todos sus aspectos. En este caso, la Comisión Nacional del Agua deberá poder vigilar las acciones que vayan por el camino correcto, al mismo tiempo de especificar el suministro de agua suficiente para todas las poblaciones del país bajo los criterios de sustentabilidad de las fuentes de abastecimiento, a fin de no agotar los recursos que quedan desprotegidos a las siguientes generaciones.
Un aspecto crucial por considerar bajo el rubro institucional es el desarrollo de las Comisiones Estatales de Agua, que representa el elemento clave para alcanzar una gestión efectiva de los servicios. Dentro de sus objetivos se debe incluir la aplicación de políticas públicas coadyuvantes con autoridades federales, específicos y municipales en todas las actividades relacionadas con la planificación, estudios, proyectos, construcción y operación, así como la vigilancia y regulación del adecuado funcionamiento de sistemas o instalaciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento en sus estados.
En este renglón institucional es imprescindible que la nueva ley considere que los encargados de hacer realidad el derecho humano al agua a través de los servicios que prestan son los organismos operadores, los que se encuentran, en promedio, en una situación de grandes ineficiencias y deficiencias , donde los problemas crecen en lugar de irse resolviendo. La nueva ley debe proponer esquemas generales que, obligatoriamente, requieren detallar en las leyes estatales una manera de no invadir facultades constitucionales de los estados y municipios, y orientar el modelo de gestión a la autosuficiencia técnica, operativa y financiera, erradicando la enorme politización de las decisiones que, hoy por hoy, hijo las que tienen en estas malas condiciones.
- El tercer concepto relativo al importante papel que debe cubrir la participación de la sociedad y el cuarto, que trata sobre el ineludible financiamiento del subsector de agua potable. Son temas sobre los que abundaremos en la siguiente columna.
La ley de derechos de autor prohíbe estrictamente copiar completa o parcialmente los materiales de Excélsior sin haber obtenido previamente permiso por escrito y sin incluir el enlace al texto original.
.
Deja un comentario