“El Gobierno debería hacer lo mismo que nosotros. Hablar menos. No estamos entrando en las provocaciones a pesar del ultimátum y nos mantenemos en la negociación”. Muy pocas personas dentro del PP están al tanto de las conversaciones con el Ejecutivo para intentar, por enésima vez, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Además de Alberto Núñez Feijóo y su núcleo duro más reducido dentro del gabinete; la secretaria general, Cuca Gamarra, y el vicesecretario e interlocutor habitual en este asunto, Esteban González Pons, son los únicos que realmente comparten cada detalle.
La información no circula en el resto de la dirección nacional y el blindaje de las conversaciones es total. En el PP aseguran que el intento “va en serio” -como llegó a verbalizar el propio Feijóo en los pasillos del Congreso- y entienden que la única manera de evitar contaminaciones en su posición -esta vez sí- es el silencio más absoluto.
El planteamiento de los conservadores está claro: es más exigente, según dicen en el entorno del líder popular, que lo hablado en 2022 cuando todo acabó dinamitado, y no renuncia a unas “condiciones mínimas” para la independencia judicial de los futuros nombramientos. En Génova reconocen que el camino, después de las elecciones europeas, está ahora más despejado y permite un acercamiento que antes era imposible. Admiten que la nebulosa de Cataluña es permanente y consideran que “está afectando” al propio Gobierno.
“Evitar una situación peor” a futuro
Y en mitad de las dificultades internas y las dudas que recorren el partido de norte a sur por lo que implicaría un pacto de esta naturaleza con el Gobierno -también existen las mismas en Génova- el planteamiento que impera entre Feijóo y los suyos en este momento es “pensar en el largo plazo”. En la judicatura y especialmente en el Tribunal Supremo -donde la situación es absolutamente crítica por todos los nombramientos pendientes- insisten en la necesidad de una solución.
Ese mensaje ha calado entre los que toman las decisiones en el PP, como también la creencia de que deben hacer lo posible por “evitar una situación todavía peor” si el Gobierno decidiera finalmente hacer una reforma por su cuenta para la que tiene votos en el Congreso.
“El cortoplacismo es sencillo. Pero aquí lo que hay que intentar es mantener las instituciones fuertes. La Justicia es el pilar más importante”, reflexionan en el equipo del líder conservador.
Lo que no hay, por ahora, es garantía de éxito. En el PP creen que la pelota, en realidad, está ya en el tejado del presidente del Gobierno, que debe decidir si ve el acuerdo o no. Habría cesiones por ambas partes, pero los conservadores necesitan vender un acuerdo que avance lo suficiente en despolitización como para que el partido en su conjunto –sobre todo los más reticentes, que pueden llegar a revolverse- pueda entender que era necesario hacerlo. “Hay mimbres para que salga. Los hay. Pero eso no significa que vayamos a cerrarlo”, admiten en el seno de las conversaciones por parte del PP, reconociendo que la incertidumbre sigue siendo elevada.
Optimismo y desconfianza
Hay dirigentes, cercanos a Feijóo aunque no están en el equipo de la negociación, que son optimistas porque creen que ahora sí podría haber acuerdo. Pero también hay otros que siguen manteniéndose escépticos: “Las palabras del presidente, cuestionando el liderazgo de Feijóo y enviando amenazas y ultimátums no ayudan si de verdad quieren acuerdo”.
Se refieren, primero, a la entrevista en TVE en la que Sánchez habló de un plazo concreto: antes de que acabe junio. Aquello no estaba en el guión porque ese día, ya con las elecciones europeas resueltas, los dos grandes partidos habían retomado la interlocución. El desconcierto fue total en la cúpula, incluso para Feijóo. “Si la voluntad es acordar cómo se puede hablar de ultimátums”.
Pocos días después el líder conservador lo dejaba claro: “No nos vincula ningún ultimátum”. Este miércoles, durante la sesión de control, Sánchez volvió a lanzarse al ataque, recalcando que el reloj ya había echado a andar y desafiando a Feijóo en uno de los temas más sensibles: puso en duda que sus “jefes” -en referencia a Isabel Díaz Ayuso y José María Aznar- fueran a permitirle un acuerdo. También hubo referencias a los medios de comunicación de la órbita de la derecha, a los que el Ejecutivo concede la mayor de las influencias sobre el líder conservador.
“Por segunda vez hace declaraciones que no van en la dirección de cerrar un acuerdo” repetían en el entorno de Feijóo. Y, sin embargo, las declaraciones públicas -primero Borja Sémper y luego el propio líder conservador- iban en la dirección opuesta: “Estamos negociando. Lo vamos a intentar”. En privado todavía más apuntalaban el mensaje: “El jefe nos ha ordenado no levantarnos de la mesa. Por nosotros no va a ser. Pero necesitamos un buen acuerdo”, relataban.
Claramente hay dos corrientes en el PP en este momento: los que directamente desconfían, creen que el Gobierno “volverá a engañarles” y, sobre todo, creen que puede ser “muy demoledor” pactar algo así con Sánchez cuando los electores piden “guerra” en todo; y los que consideran que esta decisión no impide mantener una oposición dura y que servirá para evitar un mal mayor donde los conservadores ya no tendrían ninguna influencia.
Quizá es el momento, después de que en 2022 todo saltara por los aires con la reforma del Código Penal en la que el Ejecutivo acordó con ERC eliminar el delito de sedición y modificar el de malversación, en el que la cúpula conservadora tiene más claro que hay que hacer un intento final. Son muchos los elementos que pesan sobre la renovación del Consejo, que acumula más de cinco años de mandato caducado. Prácticamente no hay nadie en el PP que no considere un error no haber cerrado el acuerdo en el momento en el que llegó Feijóo a la presidencia. En su entorno lo justifican: lo quiso hacer a los pocos meses de hacerse con el mando y sucedió “el engaño” del Código Penal.
La desconfianza a partir de entonces ha sido enorme y las relaciones no han hecho más que deteriorarse. En esta ocasión, admiten los populares, las conversaciones estarían avanzadas. Y afirman que los avances con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya se han producido. Pero siguen mostrando sus reservas con la decisión que vaya a tomar el presidente.
En otros muchos sectores del partido, sobre todo en algunas comunidades, prefieren no abordar las implicaciones que tendría un acuerdo así con el Gobierno. “No debemos pactar nada”, resume una dirigente.
Aunque los conservadores aseguran que el plazo marcado por el presidente “no les afecta”, la realidad es que asumen que en los próximos días debería haber novedades encima de la mesa.
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