La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia juzga desde este miércoles a la ONU exconcejal de compromiso en la localidad de Alfafar ya su mujer por abusar sexualmente de una menor de edad que tienen acogida en su vivienda, según indican las fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
La acusación pública pide para el exedil una pena de prisión de 18 años y medio por dos abusos continuos de delitos sexuales, corrupción de menores y descubrimiento de secretos. Para la procesada, solicita una condena de seis años y medio por los mismos delitos.
De acuerdo con el relato que aporta la Fiscalía, la pareja le propuso a la joven de 14 años mantener relaciones sexuales ya enviarles fotos íntimas. Ante la negativa de la adolescente, cogieron su teléfono móvil sin su permiso y se mandaron imágenes en las que esta aparecía desnuda, según las mismas fuentes.
Cuando la perjudicada denunció los hechos, se procedió a la entrada y registro de la vivienda de la pareja, donde se intervinieron fotos de la víctima e imágenes de otras menores desnudas. Anteriormente, desde enero de 2016 cuando se inició la convivencia, la víctima compartió la cama con los procesados al carecer de cuarto propio.
En julio de 2019, el juzgado de Instrucción 1 de Catarroja decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del exconcejal de Compromís en el Ayuntamiento de Alfafar, mientras que la magistrada dejó en libertad provisional con medidas cautelares a su mujer. Además, dicta una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio.
Según aclaró la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en aquel momento, la pareja acusada de abusos sexuales no constaba en ningún registro de familias acogedoras, lo que indicaba que tenían algún tipo de relación con los padres biológicos de la menor, lo que se conoce como «familia alargada».
Por su parte, Compromís expresó un comunicado para expresar «la más absoluta condena» por los delitos cometidos por el exedil y su pareja y matizó que ambos ya no se encontraron afiliados a ninguna organización perteneciente a la coalición. En las elecciones municipales de 2019, el acusado figuraba como número dos de la lista de Alfafar y su mujer en el puesto tres. No obstante, el partido solo obtuvo una edila, por lo que ambos se quedaron fuera de entrar nuevamente en la corporación.
El abogado de la acusación particular explicó tras el juicio que la cantidad de material pornográfico que se halló en el domicilio de los acusados «era muy elevado», teniendo en cuenta el argumento que expuso durante la primera jornada de la vista, en la que apuntaron que correspondía a la documentación y elaboracion de un reportaje periodistico.
Asimismo, entre los documentos intervenidos, a los investigadores le llamaron la atención un contrato matrimonial en el que aparecía recogido una cláusula por la que todas las hijas que podrían tener «tal vez educadas como esclavas sexuales», según informa el diario Levante-EMV. Algo que el acusado calificó de «pura literatura» y que le ofrecieron sin éxito a la víctima.
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