El discurso en cadena nacional que dio hoy el presidente alberto fernandez fue el desenlace de una filtración ilegal de supuestos mensajes privados intercambiados en un grupo de la plataforma Telegram por cuatro jueces, un fiscal, el ministro de Justicia de la ciudad de Buenos Aires y directivos del Grupo Clarín que compartieron en octubre un viaje al campo del empresario británico Joe Lewis en la Patagonia.
En una gran cantidad de chats y audios viralizados durante este fin de semana, los aludidos debaten cómo responder a las consultas periodísticas que recibieron sobre esa excursión después de que el diario Página 12 publicara un articulo al respecto en su edicion del 17 de octubre. Se desconoce la forma en que esa información de carácter privado fue obtenida y quién la hizo circular inicialmente a través de sitios anónimos de Internet. El presidente admitió que lo difundido es producto de un hackeo: “No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación”, dijo en la cadena nacional.
Según los chats, a instancias del juez federal Julián Ercolini –que fue quien instruyó la causa Vialidad por la que está siendo juzgada Cristina Kirchner- los protagonistas habrían decidido recurrir a facturas falsas para ocultar que los funcionarios no habían pagado los gastos del vuelo privado y la estadía. Los mensajes incluyen audios, en los que se reconocen las voces de varios de los involucrados.
La filtración ocurrió dos días antes de la fecha prevista para el veredicto del caso Vialidad. Uno de los protagonistas, el juez pablo yadarola, presentó una denuncia penal por espionaje ilegal, en la que sostuvo que el contenido de los mensajes había sido adulterado. Otro de los involucrados, el ministro porteño Marcelo D’Alessandro, anunció que irá a la Justicia a denunciar que fue hackeado su teléfono y que los mensajes son falsos. “Son supuestas charlas, cosas editadas, cosas armadas, algo muy peligroso que daña las instituciones”, dijo en radio Mitre. En Twitter escribió: “Otra vez la mafia kirchnerista en su máxima expresión”.
Los supuestos chats fueron reproducidos este domingo por el diario Tiempo Argentino y por el sitio El Cohete a la Luna, de Horacio Verbitsky.
En los mensajes que se viralizaron figuran como participantes del grupo de Telegram cuatro jueces: Ercolini, que además de Vialidad instruyó los casos Hotesur y Los Sauces; Yadarola, que es juez penal economico; el juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials y el camarista de Casación Carlos Mahiques, exministro del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal. También, el mencionado D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño; el titular del Ministerio Público de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; dos altos directivos del Grupo Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey; el asesor de comunicación Tomás Reinke y el exfuncionario de inteligencia Leo Bergot.
La historia del viaje a Lago Escondido la publicó por primera vez Página 12. En aquel texto de hace tres semanas se aludió a que no estaba clara la lista completa de los viajeros ni cómo se financió la excursión. En las conversaciones filtradas los participantes buscaron que no se conociera la nómina completa de los asistentes y ocultara que el viaje fue una invitación. Siempre según los mensajes difundidos, Ercolini sugirió que Lago Escondido les facturara con fecha antedatada dos noches con media pensión. También habrían barajado que un amigo de otro de ellos, que tiene una casa en Bariloche, dijera que se las había prestado. Ercolini pensó que eso podía ser riesgoso porque podrían haberles tomado fotos durante la estadía y acordaron, finalmente, pagar por el viaje y que les hicieron facturas a mano. LA NACION se comunicó hoy con el juzgado de Ercolini, donde dijo que por el momento el magistrado no haría declaraciones sobre el tema.
De los chats y los audios surge también que la misma versión le daría a la fiscal de Bariloche, una subrogante con quien decía estar en diálogo Juan Bautista Mahiques, que además de titular del Ministerio Público porteño es presidente de la Asociación Internacional de Fiscales. Él relató en un audio que la fiscal se había ofrecido a mandar la causa a Comodoro Py oa pedir las facturas del vuelo y eventualmente el hospedaje para cerrar con eso la causa.
A lo largo de los mensajes, los protagonistas sostienen que fueron víctimas de espionaje ilegal porque la noticia de Página 12 había sido acompañada por un manifiesto del vuelo privado. Le adjudican la maniobra al jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski.
En cuanto a la prensa, según los chats, el primer objetivo era que la noticia del viaje no siguiera reproduciéndose y, después, instalar que había sido un viaje que cada uno pagó de su bolsillo. Esa fue la versión que Ercolini le dio a LA NACION cuando este medio se comunicó con él en octubre para chequear la noticia de Página 12 (en aquel momento, se publicó que los jueces habían viajado junto a D’Alessandro, pero no se mencionó a los directivos de Clarín).
En los chats se menciona además a Julián Leunda, jefe de asesores de Alberto Fernández, que antes trabajó con los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo que controlan C5N y Radio 10. De acuerdo con los mensajes divulgados, tres de los participantes dicen que Leunda se comunicó con ellos para decirles que nada saldría sobre el tema en los medios de ese grupo.
El Presidente dijo en su mensaje por cadena nacional que el episodio muestra “un perverso juego de cohechos” y pidió denunciar penalmente a magistrados, políticos y empresarios involucrados en la filtración. “Argentina necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros”, dijo el Presidente. Y denunció “el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan”.
Antes del discurso presidencial, el ministro de Justicia, Martín Soria, había dicho que los supuestos chats eran “la prueba del lawfare” contra Cristina Kirchner, cuyo abogado José Ubeira había exigido este lunes a Alberto Fernández “dar explicaciones” por el papel de Leunda .
Deja un comentario