Junto a las ya conocidas causas que históricamente han orillado a millones de salvadoreños a emprender el camino de la migración irregular, se ha abierto paso últimamente otro motivo que sin ser nuevo ha comenzado poco a poco a aportar de manera más sistemática su cuota al flujo incesante de personas que a diario expulsan el país: los abusos de los efectivos policiales y militares.
No es que los vejámenes hayan ocurrido por dichos agentes estatales —como decimos— sean una completa novedad en una nación que ha atestiguado incluso en el pasado la existencia de grupos de exterminio y de asociaciones delictivas en el interior de dichas fuerzas, pero el estado de excepción indefinido en el que vivimos desde marzo pasado parece haber elevado a un grado de normalidad tal dichos abusos que han terminado por empujar a un número cada vez mayor de salvadoreños a huir de ellos.
Según un reportaje de Redacción Regional, una alianza de medios y periodistas del área, de la cual este rotativo forma parte, en los seis meses posteriores a la entrada en vigor del régimen, el número de salvadoreños que utilizó refugio en México aumentó un 79 % con respecto al semestre anterior.
En total, según datos de la Comisión Mexicana para Refugiados (COMAR), en el período comprendido entre abril y septiembre de este año, 4,327 compatriotas pidieron refugio en dicho país.
Aunque los representantes de la agencia precisaron que el régimen de excepción aún no es la causa mayoritaria que señalaron a los salvadoreños al llegar, sí destacaron que ha habido un aumento de connacionales que arriban por esa razón.
Lo anterior es consistente con las comprobaciones de opinión de casas e institutos independientes que si bien han consignado la buena imagen de la que aún gozan las fuerzas de seguridad pública entre la población, han revelado también un aumento, desde el establecimiento del estado de excepción, en el porcentaje de encuestados que se refiere a haber visto a algún militar o policía maltratar a otra persona.
De hecho, de acuerdo con una encuesta realizada en junio pasado por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), el porcentaje de ciudadanos que dijo haber sufrido intimidación o amedrentamiento por parte de pandillas en el marco de la suspensión de las cuatro garantías constitucionales definidas en el régimen ascendió un 2,8 %, contra un 6,4 % que refirió haber padecido lo mismo, pero por parte de efectivos policiales o militares.
Así, muchas de las víctimas de estos abusos ejercidos por agentes estatales vendrán a abonar aún más el ya importante éxodo de salvadoreños que, por los más variados motivos ya lo largo de decenios, ha buscado desesperadamente afincarse en cualquier pedazo de tierra extranjera donde la posibilidad de disfrutar de una vida más digna y plena no sea una quimera: en México o en los países vecinos, como lo muestran los más recientes movimientos migratorios, pero sobre todo en Estados Unidos, destino tradicional de nuestros emigrados.
El drama en todo caso, entre estos expulsados, se antoja doble, puesto que si muchas de estas personas tienen ya suficientes motivos para salir del país, empujados por las amenazas o la violencia de las pandillas, ahora lo harán también movidos por los abusos y el accionar delictivo de aquellos que se suponía que deberían cuidarlos.
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