Entre marzo y junio de 2020, diversos organismos del Estado realizaron compras masivas (y desesperadas) de mascarillas para repartir entre su personal durante el confinamiento por la Covid. Unos contratos con los que, según Hacienda, “múltiples intermediarios” aprovecharon la “necesidad sanitaria” para obtener “beneficios excesivos” en “el peor momento de la pandemia”.
Las irregularidades de los años posteriores extienden las sospechas por casi todo el mapa de España. En el gráfico interactivo que aparece a continuación puedes consultar los hechos relacionados con el caso Koldo que hay en las comunidades autónomas coloreadas de amarillo. Basta con pulsar encima de cada territorio.
El Govern de Armengol compra en abril de 2020 “un avión repleto de mascarillas”, sin precisar el número ni el precio unitario, por 3,7 millones abonados en un solo pago. Cien mil euros van a través de Víctor de Aldama al también imputado Rogelio Pujalte, a quien Koldo llama “cariño mío”. El ministerio de Trabajo certifica que todo el cargamento es fraudulento, por no ajustarse a las FFP2 comprometidas. El PSOE ocultará la irregularidad a la intervención, los fondos europeos y la fiscalía anticorrupción. En tres años no se intentará recuperar el dinero, se felicitará a la empresa de la trama por un envío “satisfactorio” y se la recomendará para nuevos contratos. El PP tampoco ha avanzado en el reintegro. MATÍAS VALLÉS
El caso Koldo se extiende por el archipiélago como una marea negra, cada vez más viscosa y sucia. Es la comunidad en donde más dinero levantó la trama en contratos públicos. De los 52 millones que sacaron 15,3 proceden de las arcas públicas canarias. Y es la única donde también las ramificaciones salpican no solo al PSOE sino también a otro partido, Nueva Canarias, una formación nacionalista de izquierdas con quienes gobernaron los socialistas junto a otros dos partidos en la pasada legislatura.
En el territorio canario no hay ningún investigado ni sospechoso del pago de comisiones pero el caso que se indaga en la Audiencia Nacional angustia al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias hasta mayo de 2023, y a su jefe de Gabinete y exviceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera. Ambos aparecen citados en un grupo de wásap de los cuatro cabecillas de la trama, denominados los ‘4 mosqueteros’. No solo por la venta de mascarillas al Servicio Canario de Salud sino también para hacer en exclusiva test de antígenos y PCR en puertos y aeropuertos de Canarias. Es Koldo quien pone en contacto a uno de los imputados con Olivera, el cargo multiusos de Torres en el Gobierno canario. P. RUIZ
La principal implicación valenciana en el caso ha sido la expulsión del partido de José Luis Ábalos. El exministro ha sido un hombre clave en la federación aunque ya sin influencia desde su salida del Gobierno en 2021. No obstante, seguía manteniendo un apoyo minoritario de fieles que han mostrado su rechazo con la decisión en un momento de renovación en el PSPV. La otra clave valenciana es la de Puertos del Estado. Este organismo público fue el primero que compró mascarillas a la trama en marzo de 2020 por 24 millones cuando estaba como presidente Francisco Toledo, nombrado un mes antes, y quien defiende que el proceso fue “impoluto”.
La investigación apunta a que parte de los beneficios de Koldo García se han destinado a comprar propiedades en la comarca alicantina de la Marina Baixa: dos apartamentos en Benidorm y tres parcelas en Polop que suman 15.000 metros cuadrados. En la casa que el exasesor de José Luis Ábalos tiene en este municipio, en la que fue detenido el 20 de febrero, se intervinieron nueve armas, 23 móviles, criptomonedas y 24.000 euros. La investigación desvela que en otra localidad de la comarca, Callosa d’en Sarrià, Koldo García gestiona una explotación agrícola de pitahaya en una finca de 10.000 metros cuadrados y que habría adquirido otros dos terrenos en la zona. DIEGO SAN JOSÉ / BORJA CAMPOY
Los tentáculos del caso Koldo han salpicado a Aragón, pero de una manera más circunstancial. La presunta trama de corrupción, que se aprovechó de la situación de emergencia al inicio de la pandemia y los menores controles públicos que había para hacer su agosto, no logró que el Ejecutivo autonómico le comprara ninguna de sus mascarillas. Y eso que Koldo García lo intentó sin éxito. A pesar de ello, el foco ha estado puesto en esta comunidad autónoma desde que el escándalo saltó a la opinión publica porque aquí estaba la base de operaciones del negocio millonario que levantaron los cabecillas de la trama, Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto.
La empresa con la que obtuvieron pingües beneficios, bajo la acusación de hacerlo con el cobro de comisiones ilegales, está domiciliada en Zaragoza. Se trata de la sociedad mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, que actuó como un mero instrumento para los objetivos de la trama.
La sociedad clave del caso Koldo fue creada por un matrimonio zaragozano que emigró a Angola en 1998 y, debido a la inestabilidad del país, decidió deshacerse de ella casi 20 años después. Así habría caído en manos de un conglomerado para pasar a ser la gran beneficiada del pelotazo de las mascarillas. JORGE HERAS
La trama salpica en la Región de Murcia a Rogelio Pujalte, empresario encargado del depósito judicial de Murcia. Este individuo, presuntamente, habría mandado un mensaje al que fuera asesor del Ábalos para alertarle de que la Fiscalía estaba detrás de sus pasos. Su nombre sale en las escuchas llevadas a cabo en el marco de las pesquisas.
Pujalte tendría vínculos con Víctor de Aldama, quien le hizo una transferencia de 100.000 euros que, supuestamente, sería adelanto de un negocio que no habría prosperado: el de poner una incineradora de drogas en la Región de Murcia. Para poner en marcha esta instalación, precisaría de permisos de Administraciones que, supuestamente, trataría de conseguir a través de sus contactos con el ministerio.
Así, Pujalte habría recibido fondos procedentes de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L. que fueron “canalizados” a través de la sociedad Deluxe Fortune S. L. por la familia del presidente del Zamora Club de Fútbol. ANA LUCAS
La situación judicial de Víctor de Aldama ha colocado Zamora CF, del que es propietario, en el punto de mira. Los investigadores estudian la relación del pago de 1,3 millones de euros por parte del empresario para la compra de acciones del club con el presunto cobro de comisiones ilegales por la compra de mascarillas. La UCO analiza los movimientos entre empresas vinculadas a Aldama entre junio y septiembre de 2020, cuando concluyó el proceso de compra, para determinar si hay una procedencia ilegal. Con incertidumbre, la actividad en el Zamora CF continúa, aunque el club tiene las cuentas bloqueadas, y se mantiene a la espera de que el juez autorice el pago de nóminas a los trabajadores. PAZ FERNÁNDEZ
En Extremadura la “trama Koldo” solo se quedó en intento, o al menos es lo que asegura el exconsejero de Sanidad José María Vergeles. En 2020, con el socialista Guillermo Fernández Vara en la Presidencia, la principal empresa investigada, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., envió un mail remitido por Íñigo Rotaetxe, uno de sus titulares, ofertó la adquisición de 700.000 mascarillas por 1,7 millones de euros. La venta nunca llegó a materializarse, según constatan los actuales responsables actuales de la Junta de Extremadura que, sin embargo, temen que la comunidad haya sido utilizada por la trama de corrupción.
En unos almacenes de Almendralejo, cedidos durante la pandemia a la administración sanitaria, se hallaron 700.000 mascarillas con los logotipos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), apiladas en palés con carteles que advertían: “No utilizar”. La Guardia Civil investiga ahora el origen del material sanitario. Los agentes también registraron una finca propiedad de Juan Carlos Cueto, presunto testaferro de Koldo García, en la localidad cacereña de Salorino, en busca de pruebas. CARMEN HIDALGO / ÁNGEL GARCÍA COLLADO
La propuesta de venta de mascarillas del caso Koldo llegó también a los despachos del Servicio de Salud del Principado, pero el gobierno regional asturiano, socialista que ya había iniciado trámites con proveedores sanitarios conocidos terminó desconfiando. La insistencia, ciertas informalidades en la propuesta y el hecho de que el precio fuese más elevado que el que ofrecían otros proveedores hizo sospechar a los funcionarios responsables de compras. Según ha trascendido, un representante de la empresa de la trama y una empleada de la central de compras de Salud contactaron por correo electrónico el 28 de abril de 2020, según la investigación.
La persona de contacto era Íñigo Rotaeche, investigado en el caso Koldo y la funcionaria reclamaba los certificados, datos técnicos, disponibilidad y plazos de entrega. Pero las complicaciones para la recogida, el precio y otros detalles “sospechosos” hicieron desestimar la oferta, pese a que los interlocutores utilizaban el nombre del Ministerio de Transportes para ganar fiabilidad. La información sobre la empresa, no relacionada con el ámbito sanitario y con experiencia (criterio al que el Principado ciñó sus proveedores) desaconsejaron siquiera tenerla en consideración. VICENTE MONTES
Las ramificaciones del caso han alcanzado dos provincias en Andalucía: Córdoba y Granada. En la primera, se produjo el registro de un domicilio en Benamejí vinculado a Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil detenido. Considerado por la UCO como “la línea de comunicación segura” con el resto de la trama, pudo ser quien informase a Koldo García de que estaba siendo investigado. En el sumario también aparecen dos hermanos Cristian y Rubén Corvillo, de Peñarroya- Pueblonuevo. El primero de ellos es un conocido militante del PSOE de Córdoba, vinculado con el exministro José Luis Ábalos desde las primarias socialistas. La UCO dice de ellos que “podrían compartir intereses societarios” con Víctor de Aldama. De hecho, habrían adquirido participaciones de MTM 180 Capital SL, sociedad que el presidente del Zaragoza empleó para suscribir contratos con Soluciones de Gestión, clave en la compra de mascarillas.
En Granada, es el nombre de Patricia Uriz, pareja sentimental de Koldo y exayudante de secretaría del Ministerio de Fomento, la que lleva el hilo de la trama hasta la localidad de Baza. Allí se ubica la firma Áridos Anfersa, dedicada a la explotación de canteras, maquinarias y obras. La empresa obtuvo contratos millonarios de Adif entre 2021 y 2022, en las mismas fechas en que contrataron a Uriz y en los que hubo encuentros y hospedajes en el mismo hotel (el Parador de Granada) entre Ábalos y representantes de la empresa. IRINA MARZO
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Soluciones de Gestión, la principal empresa implicada en la trama de corrupción en torno a Koldo García adquirió fincas en el ayuntamiento ourensano de Carballeda de Valdeorras con los beneficios de sus operaciones supuestamente fraudulentas. En concreto, adquirió terrenos rústicos en esta localidad para después traspasarlos a una filial del mismo grupo. Se trataría de un ejemplo más del papel que Koldo y esta empresa “pudo desempeñar en la adjudicación, pudiendo haber hecho uso de terceras personas próximas a su círculo familiar con la posible finalidad de ocultar, o al menos dificultar, la verdadera titularidad de los inmuebles adquiridos”.
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