Aunque los desalojos deben ser primero un trámite administrativo y luego judicial, en la práctica casi siempre serán los policías quienes gestionan. 
Palabras de Ángel Zúñiga, patrullero de la policía de Cali, Colombia, en un video que muestra la negación de cumplir órdenes superiores: desalojar a un grupo de campesinos que ocupan un terreno en las afueras de la tercera ciudad más grande del país.
El camarógrafo, al parecer uno de los campesinos, lo felicita entre llantos. “Usted es un héroe”, le dice. “Esto es histórico en Colombia”, agrega.
Acto seguido, Zúñiga hace un acto de renuncia: entrega el arma a su superior. Y se atiene a las consecuencias: “Si quieren, me echan”.
El video fue viral en las redes sociales en Colombia, un grupo de congresistas de izquierda solicitó formalmente que Zúñiga sea condecorado y su familia dijo temer por su vida y solicitó “que no lo castiguen por haber seguido su corazón y ayudar a una familia pobre” .
Sin embargo, el patrullero —como se conocen acá a las policías de menor rango— está ahora detenido y espera ser sometido a un proceso disciplinario en la justicia militar.
Los desalojos son comunes en Colombia, el país con más desplazamiento interno del mundo, según Naciones Unidas.
Pero lo que ha generado indignación pública es que los procedimientos continúan durante la pandemia por el coronavirus.
Poco más de la mitad de la población en Colombia depende de la economía informal, ahora congelada por la cuarentana. Las cifras de desempleo se dispararon hasta llegar a un histórico 20%, según cifras oficiales.
El brote de miseria desatado por la pandemia, sin embargo, no ha detenido los desahucios en las principales ciudades del país, que han sido trasmitidos casi en vivo por las redes sociales y generadoras cada tanto en una ola de ira colectiva.
En pandemia todos los desalojos parecen iguales
El operativo que se hizo famoso por el video de Zúñiga, según determinó la alcaldía de Cali, buscaba recuperar zonas de protección natural aledañas al río Pance, en el sur de la capital del Valle del Cauca.
El proceso judicial por el terreno comenzó hace dos años y el grupo campesino ha promovido 20 acciones judiciales —conocidas como tutelas— para quedarse en él. Todas fueron declaradas “improcedentes” por la justicia.
El acalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, dijo: “No deben permitirse invasiones aprovechadas por la crisis del covid-19, no deben permitirse ninguna invasión de gran constructor, ni ninguna comunidad de las riberas del Río Pance, no deben existir desalojo que no respetan la dignidad y los derechos humanos”.
Estamos con el #PatrulleroZuñiga, ejemplo de gran Colombiano y de los héroes que necesita el país. pic.twitter.com/Uvoy2acMTe
— Colombia Humana (@ColombiaHumana_) June 10, 2020
Así como este desalojo buscaba proteger una reserva naturalha tenido otros que pretenden evitar una tragedia.
El mes pasado, por ejemplo, 50 familias fueron desalojadas en uno de los barrios más pobres de Bogotá, Altos de la Estancia.
Los colombianos vieron cómo una mujer encapuchada gestionaba el desalojo en una imagen que para muchos grabaron los tiempos de las tomas paramilitares de barrios populares en busca de guerrilleros subversivos.
La alcaldía de Bogotá, sin embargo, específicamente que la mujer encapuchada era una contratista y que el desalojo era necesaria porque el terreno inclinado donde estaban las viviendas informales era propenso a un derrumbe, sobre todo ahora, que estamos en época de lluvia.
Una tercera causa de desalojos es, por supuesto, la falta de pago.
El presidente Iván Duque, prohibió los desalojos por esta razón mientras dure la cuarentena y avaló prórrogas en el pago de arriendos, una medida común en muchos países durante la crisis del covid-19.
Esto, sin embargo, no impidió que cientos de personas, sobre todos los migrantes venezolanos, hayan sido expulsados de las residencias informales donde están alojados y muchos han tenido que regresar a su país en crisis.
La propiedad en Colombia
Las viviendas informales son comunes en América Latina.
Pero en Colombia hay varios elementos que hacen más complejo el fenómeno: ocho millones de personas fueron desplazadas de sus casas por la violencia. Una de las causas del conflicto armado de 60 años es específicamente la propiedad de la tierra y la diversidad geográfica y política del país, así como la ilegalidad y el narcotráfico. Todo ello ha impedido centralizar y ordenar los registros catastrales.
En ese contexto, para millones de colombianos la única forma de tener tierra o vivienda es a través de la invasión ilegal.
“En estos procesos de desalojos lo que siempre llega al público es el video y el drama del desalojado, pero lo que no se suele entender es lo que está detrás está la inmensa incapacidad del Estado para resolver los problemas de fondo y un entramado de ilegalidad que incluye a funcionarios, notarías y poderosos gestores conocidos como tierreros ”, explica Alberto Sánchez Galeano, experto en seguridad ciudadana.
Los tierreros se encargan de habilitar el terreno para ser invadido y gestionar una suerte de legalización de la propiedad para quienes les pagan. Son considerados una de las mafias más crueles y poderosas del país.
“Y para colmo, el Estado luego intenta resolver esa propiedad ilegal a punta de represión y policía, que está muchas veces sobreexplotada e incapacitada, y tenemos como resultado un círculo vicioso que se repite y se repite ”, agrega.
En teoría, las personas que son desalojadas de residencias informales deben ser restituidas con viviendas formales, pero los expertos coinciden en que el Estado colombiano no tienen ese alcance logístico ni burocrático.
“No es que sea por falta de plata, sino por falta de coordinación entre las entidades locales y nacionales, que no se logra centralizar y focalizar los recursos de subsidios y las necesidades de vivienda ”, opina Guillermo Sinisterra, profesor de economía urbana de la Universidad Javeriana.
Esa es parte de la queja del patrullero Zúñiga, que en el video dice: “No les van dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de sus derechos humanos”.
Y en efecto: la vivienda es un derecho fundamental, según la Constitución colombiana de 1991. Pero el Estado sigue siendo incapaz de garantizarlo.
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