El Gobierno oficializó este jueves la conformación del consejo que asesorará a Alberto Fernández para una posible reforma de la Corte Suprema de Justicia.
El decreto publicado en el Boletín Oficial crea el “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público”, el cuerpo de especialistas que asesorarán al presidente. En él se confirman los nombres de sus integrantes, además de sus funciones.
Horas antes de la publicación del texto oficial, el Presidente había presentado el proyecto para la reforma judicial –que ingresó este jueves al Congreso– y también había anunciado al comité de asesores que elevaron sugerencias para reformar la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el ministerio público fiscal.
Todos los miembros de la comisión asistieron al acto en la Casa Rosada.
Los una vez integrantes hijo: Claudia Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battaini, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Arslanian y Enrique Bacigalupo.
Sus tareas comenzarán el 18 de agosto y se mantendrá en acción por 90 días, con la asistencia de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación. El Ministerio de Justicia elegirá a un secretario de esta comisión.
Al final del plazo, el Consejo deberá entregar un documento con recomendaciones sobre el funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, además de elevar su posición con respecto al juicio por jurados.
La propuesta será votada por la mayoría de todos sus miembros. Aquellos que disientan sobre el pronunciamiento, pueden contribuir sus puntos de vista.
Corte Suprema de la Nación
La comisión evaluará el establecimiento de “criterios de diversidad de género y representación federal” para la elección de los integrantes del máximo tribunal.
Analizará también las normas que reglamentan la competencia de la Corte, según los lineamientos de la Constitución, “ya sea en materia originaria o bien por apelación ordinaria y extraordinaria”.
Abordará una “eventual reforma del sistema de desestimación en limine -certiorari”, las normas de audiencias orales para el tratamiento de los casos trascendentes y la fijación de plazos procesales máximos para la resolución.
Consejo de la Magistratura
En este aspecto, el Consejo Consultivo estudiará la posibilidad de cambiar la “estructura y composición” del Consejo de la Magistratura, así como la conveniencia de armonizar su funcionamiento con la Corte Suprema.
Asimismo, evalúe los cargos de los consejeros y su posible dedicación exclusiva.
Otro objetivo sobre el Consejo de la Magistratura será darle “agilidad, publicidad y transparencia” a los concursos para elegir a sus miembros, así como a los procesos de enjuiciamiento de magistrados. En este punto podría dar más participación a las universidades públicas y a las ONG vinculadas a la administración de justicia.
Los especialistas estudian la perspectiva de género en la composición y en los actos del Consejo de la Magistratura. También se abordará un criterio federal para la composición y el funcionamiento del cuerpo.
Ministerio Público
Se analizará la posibilidad de modificar los criterios de designación de los miembros del Ministerio Público, que podrían pasar a tener mandatos temporarios. También se analizarán los criterios de perspectiva de género en su integración y en sus actos de funcionamiento.
Se estimará la conveniencia de la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción formen parte del Ministerio Público Fiscal, que está encabezado por el Procurador General de la Nación.
En cuanto al Ministerio Público de Defensa (liderado por el Defensor General de la Nación), el comité asesor de Alberto Fernández estudiará la eventual integración del servicio de defensa oficial a los Colegios Públicos de Abogados de cada jurisdicción.
Juicio por jurados y otros objetivos
El decreto detalla que el Consejo Consultivo deberá analizar los criterios para poner en funcionamiento los juicios por jurados, modalidad consagrada por la Constitución Nacional pero aplicada en pocas provincias.
Por último, el Consejo Consultivo se referirá a la transferencia de competencias en materia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires y a la resignación de funciones del actual combustible nacional en lo Penal y Correccional de la Capital Federal.
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