El Ayuntamiento de Milán ha publicado la convocatoria pública de manifestaciones de interés alternativas a las del Inter de Milán y el AC Milan, quienes ya han presentado una oferta de compra por el estadio de San Siro. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de abril, y ambos clubes milaneses esperan que la venta se complete el próximo 31 de julio.
El Ayuntamiento de Milán ha explicado que esta convocatoria tiene como objetivo evaluar posibles propuestas de mejora en relación con la oferta presentada por el Inter y el Milan el pasado martes 11, para la regeneración del área de San Siro, la construcción de un nuevo estadio, el desarrollo de un plan de reurbanización y la refuncionalización de las instalaciones existentes.
La convocatoria, que permanecerá abierta hasta el próximo 30 de abril, se publicó una semana después de la resolución del Consejo de Administración que aprobó las bases del proceso administrativo para la venta del área a los dos clubes milaneses. Sin embargo, también surgió a raíz de la apertura, por parte de la Fiscalía de Milán, de un expediente —aún sin ninguna hipótesis de delito y sin sospechosos— para investigar si se prevén daños económicos para las arcas públicas en caso de un traslado.
Además, han surgido varias críticas públicas sobre la equidad en el precio de transferencia al Inter y al Milan, quienes entregaron una propuesta de adquisición del estadio en un expediente de 300 páginas al Ayuntamiento de Milán. A petición del Ayuntamiento, la Agencia Tributaria fijó el precio en 197 millones de euros para el Giuseppe Meazza y sus alrededores, mientras que Luigi Corbani, exteniente de alcalde de Milán, sostiene que el valor debería ser superior a 218 millones de euros.
Mientras el Ayuntamiento se prepara para la licitación de la venta, algunos señalan que los clubes podrían recibir un “descuento”, ya que la administración se encargaría de la demolición y recuperación de las zonas, lo que costaría entre 70 y 80 millones de euros.
Según el Inter y el Milan, esta venta debería completarse el 31 de julio para anticiparse a la restricción del segundo anillo, que, de no llevarse a cabo antes de esa fecha, bloquearía todo su plan, ya que entraría en vigor en octubre de 2025. Al mismo tiempo, también se publicó la evaluación de la Agencia Tributaria y el Documento de Viabilidad de las Alternativas del Proyecto (DOCFAP) presentados por los equipos.
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