La información personal de referencia a los datos bancarios de las personas o empresas de México podrán ser revisadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), como resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al considerar constitucional que la autoridad fiscal puede prescindir de una orden judicial para tener esa facultad.
Tras su análisis fue votada con cuatro sufragios favorables y uno en contra, una jurisprudencia sobre una norma de la Ley de Instituciones de Credito (LIC) para permitir que se inhabilite el secreto bancario en los casos en que el fisco requiere de la información.
Así la fiscalización a fondo del SAT podrá incorporar consultas a los datos bancarios de los usuarios sin que una autoridad judicial tenga que emitir una orden para ello. Esto porque se encontró que el artículo no es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), al quedar asentado en el art. 16 se garantiza el derecho a la privacidad.
En cambio, la facultad que se brinda a la autoridad fiscal permitirá solamente acceder a esos datos bancarios sin necesidad de una orden judicial cuando se tiene una necesidad legítima y cumple con las condiciones de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que señala el fallo de la Suprema Corte.
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La decisión se tomó tras evaluar un amparo interpuesto por Moisés Mansur Cisneyros quien se encuentra acusado de un fraude fiscal por 12.4 millones de pesos, con lo que la Sala Primera de ese órgano judicial está en condiciones de negar el instrumento.
Moisés Mansur es un empresario que también fue acusado de lavado de dinero durante la administración de Javier Duarte en el Gobierno de Veracruz, donde se afirma que se trataría de sus prestanombres durante la operación de compra de terrenos valuados en 439 millones de pesos a través de empresas fantasma.
El instrumento de amparo que el empresario promueve señala que resultó de un procedimiento inconstitucional la manera en que se accedió a su información bancaria fue consultada para entregar sus datos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
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Mansur Cisneyros –que reside en Canadá desde el año 2017- considera que esos datos, utilizados para acusarlo de lavado de dinero se, se obtuvieron con un procedimiento que viola la constitución, pero la resolución de la Suprema Corte lo dotaría de validez al no encontrar que contravenga lo dispuesto en la Carta magna.
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