El deporte europeo sigue avanzando para acabar con el fútbol de manera gratuita. Las empresas privadas que manejan los espectáculos deportivos continúan dando pasos en su lucha frontal contra la piratería y los que retransmitan sus partidos de manera ilícita. Si ya Javier Tebas anunció multas de 450 euros para los que lo hagan en España, por Italia la cosa aún va a más.
La Cámara de Diputados y el Senado de la República italiana aprobaron este miércoles la nueva ley antipiratería, especialmente dirigida al fútbol, que establece que los responsables de las teleoperadoras podrán entrar un año en prisión en caso de no denunciar contenido ilegal en sus servidores. “La Cámara de Diputados y el Senado de la República italiana han aprobado el Decreto-Ley nº 113, del 9 de agosto de 2024, sobre medidas urgentes de carácter fiscal, prórrogas de plazos reglamentarios e intervenciones de carácter económico, convertido en ley con las modificaciones anexas a la presente ley”, anunció el boletín oficial italiano.
El pasado 3 de octubre, los partidos Fratelli’ d’Italia y Forza Italia -este último cuenta como senador con Claudio Lotito, presidente del Lazio- presentaron dos enmiendas para el Decreto Ley Ómnibus, ya convertido en ley, para reforzar su apuesta contra el consumo ilegal de contenido audiovisual, principalmente del fútbol. En concreto, contra el llamado ‘pezzotto’, una palabra de origen napolitano con la que los italianos se refieren a un descodificador que permite acceder ilegalmente a los contenidos de canales de televisión de pago italianos y extranjeros.
OBLIGACIÓN A BLOQUEAR CONTENIDOS PIRATAS
Entre las novedades de la nueva ley destaca que ahora obliga a los servicios de VPN y DNS -herramientas que ocultan ubicación y permiten conexión a contenidos restringidos- a bloquear el contenido pirata, algo que hasta ahora no ocurría ya que era posible seguir accediendo a servicios ‘bloqueados’ usando distintas herramientas, como el propio ‘pezzotto’. También obliga a las propias teleoperadoras y proveedores de servicios a denunciar el contenido ilegal y el delito que detecten en sus servidores. Esto también incluye a las VPN, por lo que los responsables de estas empresas se enfrentan a la cárcel si no controlan y reportan cualquier posibilidad de un delito cometido.
Una vez constatada la infracción en los servidores, las autoridades cortarán esa emisión en el un plazo máximo de 30 minutos desde la notificación del delito. Además, la Autoridad para la Garantía en las Comunicaciones (Agcom) anunció hace unas semanas su colaboración con la Policía Financiera y la Fiscalía de Roma para multar al consumidor final.
Este protocolo de Agcom prevé la puesta a disposición de las autoridades judiciales de los datos de los usuarios involucrados, con multas que pueden variar de 150 a 5.000 euros para aquellos que consuman ilegalmente contenido deportivo. La ley aprobada permite también el bloqueo de páginas legales que no tienen nada que ver con la piratería. Asimismo, elimina los límites a la cantidad de páginas que se podían bloquear, facilitando la lucha contra la piratería.
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