El jueves 30 de marzo se presentó en la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnologías.
Esta ley promueve el desarrollo de ciertas actividades tecnológicas en el país, en concreto, las que se relacionan en el artículo 6. Entre tales están: programación, desarrollo y comercialización de servicios de computación en la nube y flujo de datos, soluciones de ciberseguridad, fabricación de piezas, materiales y equipos para TIC, robótica, aeronaves y vehículos no tripulados, e ingeniería y tecnologías de sistemas para integrar tecnologías industriales básicas a cadenas productivas globales.
En esencia, el fomento a esas actividades se otorgándoles un beneficio tributario: exención por 15 años del pago del impuesto sobre la renta, impuestos municipales, impuesto por ganancia de capital y aranceles. Este beneficio solo podrá gozar de nuevas inversiones y que obtendrán un Acuerdo de Calificación del MINEC.
La atracción de inversión y el fomento de la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías es fundamental para el país. Todos queremos que a El Salvador le vaya bien, y esto pasa por un verdadero impulso económico, la atracción de inversiones y la creación de más y mejores empleos.
Dos días antes de que se presentara el proyecto de ley, el Banco Central de Reserva publicó las cifras de crecimiento del año 2022: 2,6 %. Y proyectó para el año 2023 un crecimiento de entre 2 % y 3 %.
Continuamos estancados en la trampa de bajo crecimiento, que ha sido una constante durante más de 25 años. A todos nos conviene salir de ese pantano. Y, en efecto, la atracción de inversión es clave para ello.
Este gobierno, como sus predecesores, tampoco ha podido resolver ese problema. El Salvador se mantiene como el país que menos inversión extranjera directa ha obtenido en Centroamérica. Con este proyecto se pretende resolver este problema. Creemos que es sincera la preocupación del gobierno, pero debemos señalar que esa iniciativa debe complementarse con otras acciones de alcalde calado.
La devolución de impuestos se ofrece en un país sin independencia judicial. Desde mayo de 2021 las personas que el gobierno impuso en los despachos de la Sala de lo Constitucional en un golpe de Estado siguieron el discurso gubernamental que vuelve más vulnerables a los inversionistas frente al fisco. Habilitaron que se iniciaron procesos penales de evasión de impuestos contra los contribuyentes sin que se agote previamente la fase administrativa. Con esa decisión el amparo dejó de ser un medio de control de abusos en materia tributaria.
La exención de impuestos se ofrece en un país donde los inversionistas tendrán sus derechos humanos suspendidos por el régimen de excepción. Si se les detiene, no hay obligación de informarles las razones de su detención, pueden ser obligados a declarar, no tienen derecho a un defensor, se les puede mantener en detención administrativa hasta por 15 días, y sus comunicaciones pueden ser intervenidas.
Coincidimos con el gobierno en su preocupación por fomentar las inversiones y salir de esta trampa de crecimiento bajo. Pero creemos que sus esfuerzos serán insuficientes mientras no se decida girar el timón y tomar el rumbo hacia la institucionalidad, la independencia judicial, el Estado de Derecho, y el respeto a los Derechos Humanos.
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