Urge truncar riesgo de un repunte extorsivo – Prensa Libre

La extorsión es un delito que, por principio, debería tener una consecuencia punitiva equiparable a la del homicidio: con todo el sufrimiento que causa, la agonía mental que detona y el devastador impacto sobre los pequeños negocios de barrio que dejan en penuria a familias completas se convierte en una especie de cruel asesinato en cámara lenta, que deja a sus víctimas con secuelas de diabetes, hipertensión o accidentes cerebrovasculares, debido a la presión vivida.

Los cobardes que se valen de este delito para agenciarse de recursos manchados de sangre dan de comer a sus hijos y familiares con esos dineros indignos, que también alcanzan a pagar sobornos a guardias y personal de presidios, que por amenazas o conveniencias terminan para el ingreso y funcionamiento de teléfonos celulares en los centros carcelarios, de donde sale el 80% de llamadas, mensajes intimidatorios y órdenes de asesinato contra quienes se resisten o simplemente no pueden pagar las 30 monedas de la exacción.

Autoridades de justicia suelen hacer taxonomías de quienes cometen esta felonía. Distinguen entre pandilleros, más violentos in su accionar, y los llamados “imitadores”, que se hacen pasar por los primeros para infundir temor. A la larga, para la población sometida a este flagelo, el temor, la angustia, la desesperación son los mismos, con las consecuencias descritas al inicio. Así también hay semejanzas en el modo de operar, que llega a involucrar a familiares: cónyuges e incluso padres y abuelos.

Durante los días de confinamiento por la pandemia se marcó una reducción en las denuncias de extorsión, lo cual pudo obedecer al cierre de muchos pequeños locales comerciales, a los controles policiales instalados en las calles casi desiertas y también a varios operativos de captura efectuados en el área metropolitana y departamentos. No obstante, con la reactivación económica en marcha existe un riesgo real y creciente de que estas gavillas retomen la intimidación en contra de ciudadanos trabajadores e indefensos debido a las fallas atávicas de las cárceles del país.

El bloqueo de señal de telefonía e internet en las proximidades de centros penitenciarios se volvió un círculo vicioso de endosos y supuestos vacíos legales que nunca tomó en serio la sangre de tantas personas
honradas que quedó derramada en las calles a manos de sicarios sin alma. Los nombres de estos ciudadanos están diseminados en páginas de periódicos, a lo largo de años, pero no existe a la fecha ni siquiera un registro oficial que documente específicamente la causa primera de tales muertes, quizá porque hacer un recordatorio colectivo a su memoria implicaría reconocer la irresponsabilidad del Estado.

Así como se esperaba que por estar un médico al frente del Gobierno se debería un combate eficiente de la pandemia —con hospitales bien dotados, médicos y enfermeros con suficiente provisión de equipo de protección y una estrategia de pruebas de detección que no escatimara esfuerzos—, así también se habría podido esperar que por haber sido el actual presidente un exdirector de Presidios se tuviese clara a estas alturas una estrategia sólida para crear un centro penitenciario de máxima seguridad, invulnerable a motines ya infiltraciones, así como exigir a sus funcionarios de Seguridad la formulación rápida y constitucionalmente fundamentada de una ley para erradicar cualquier tipo de comunicación desde o hacia los penales.




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